De jueces y ministros de Justicia

Este lunes, con escasas horas de diferencia, se celebrarán la tomará posesión del nuevo ministro de Justicia y la vista del recurso del etarra De Juana Chaos contra su condena a doce años y medio por haber escrito dos artículos amenazadores en el diario Gara. Dos actos polémicos, porque la de Mariano Fernández Bermejo no es una figura ajena a la discusión, ni pacífica fue la condena –que enmendaba una petición fiscal de noventa y seis años, a todas luces excesiva- contra De Juana, que estaba a punto de ser excarcelado por una mala aplicación del Código Penal y del reglamento penitenciario tras haber pasado apenas dieciocho años en prisión por veinticinco asesinatos. Si a estos dos datos añadimos la enorme expectación -y una cierta crispación- que rodea el inicio del ‘juicio del 11-‘, tendremos una panorámica bastante completa del estado de agitación de nuestra justicia.

Este estado es, más o menos, el siguiente: llega don Mariano Fernández Bermejo, con su fama de ‘duro’ inflexible a cuestas, a ocupar un Ministerio dejado vacante por un dialogante Juan Fernando López Aguilar. Llega el hasta ahora fiscal Bermejo en plena tormenta por la renovación del Consejo del Poder Judicial, hoy en manos conservadoras, cuando hace ya meses que se cumplió el mandato de este órgano. Pero, claro, como no hay consenso, el CGPJ sigue en vigor, con su presidente (y el del Tribunal Supremo), señor Hernando, considerado un enemigo del Gobierno de Zapatero, al frente.

Ha sido este Consejo, pese a hallarse en funciones, quien ha batallado contra el Supremo para imponer a Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional frente a otros candidatos, entre ellos Baltasar Garzón. Y, así, es Gómez Bermúdez, considerado afecto a la mayoría conservadora (Asociación Profesional de la Magistratura) en el Consejo, quien presidirá el juicio por el atentado terrorista del 11-M, que este jueves se inicia en la Casa de Campo de Madrid con 29 procesados, únicos autores y cómplices reconocidos, hasta ahora, de aquella terrible masacre, obra de inspiración islamista.

No parece del todo contento el Gobierno con esta designación, pese a las indudables cualidades profesionales que adornan a Gómez Bermúdez, quien insiste, en privado, en que se mantendrá inmune a las presiones de quienes quieren ver ‘misterios’ más allá de lo probado en torno a las autorías del atentado que causó 191 muertos y miles de heridos. Es decir, que el presidente de la Sala Penal de la Audiencia no tiene por qué suscribir necesariamente las tesis que creen que hay complicidades de ETA en la matanza yihadista, unas tesis para las que hasta ahora no han hallado apoyo suficiente en los hechos ni siquiera quienes las aventan.

Así que el nuevo ministro de Justicia llega en momentos cuando menos delicados: el PP ha dado por enterrado, con la designación de Fernández Bermejo, el pacto antiterrorista, y toda colaboración entre socialistas y populares parece, ahora, francamente difícil. Ni el PP lo pretende –no hay sino que escuchar los discursos de Rajoy--, ni el Gobierno tampoco se muestra, a la vista de la persona a la que ha elegido para sustituir a López Aguilar, demasiado interesado en fomentar conciliaciones. Y es, así, en el terreno de la Justicia donde, lamentablemente, se libra ahora la batalla política y mediática. Todo lo demás, incluyendo la celebración, el próximo domingo, del referéndum andaluz, pierde ahora interés.