El precio justo: ¡A jugar...!

Unidas Podemos, a través de ese “cráneo privilegiado” –que diría Valle-Inclán–, que es Ione Belarra, ha tenido la brillante idea de amenazar a las empresas de distribución alimentaria con crear una cadena pública de supermercados en los que el común de los mortales ciudadanos españoles pueda acudir con la garantía de encontrar los precios más bajos y los mejores productos. Para la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, es prioritario en estas circunstancias de inflación desbocada ¿pero no habíamos quedado en que ya se está conrolando?, ¿entonces para qué la creación de esta supercadena pública de supermercados, 'Precios Justos'…? La ministra lo tiene meridianamente claro, para luchar contra el "oligopolio alimentario" que, en su opinión, está en manos del presidente de Mercadona, Juan Roig.

No sé por que le ha dado a esta gente por cargarse cuanto antes a Mercadona, primero y a renglón seguido seguro que también a Supercor, Día, Carrefour, Eroski, Ahorra Más, La Despensa y similares… O, bien pensado, lo mismo sí que acierto a dar una explicación a esa obsesión de clarísimo corte comunista e intervencionista (perdón por la redundancia porque, en realidad, ambos términos expresan una misma tendencia).

En un viaje a Moscú y Leningrado (1981, antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), entendí en muy poco tiempo en qué consiste el comunismo. Corría el mes de marzo y las últimas nieves del invierno hacía que los termómetros marcasen entre 15 y 20 grados bajo cero en las dos grandes metrópolis rusas, la histórica y la de la postrevolución bolchevique. Casi en cada manzana podían verse brigadas de dos docenas de obreros para ir retirando la nieve de las calles. Me sorprendía que no fueran máquinas quitanieves las que manejasen todos esos obreros porque así su trabajo multiplicaría por 10 o por 20 la eficacia en el objetivo perseguido. Pero es que no se buscaba la eficacia sino repartir el empleo, es decir, llegar artificialmente al pleno empleo aunque este fuera más que precario.

Otra estampa cotidiana eran las interminables colas para acceder a grandes supermercados y a centros comerciales (tipo El Corte Inglés, pero en ruso). Los unos, los super, con estanterías medio vacías y con sólo ciertos productos, los segundos, los de ropa, con absoluta falta de atractivo en todo el género. La distancia entre lo que podía encontrarse en ellos comparados con el Primark de nuestros días (ropa digna, a un precio más que asequible y al alcance de todos), es la misma que puede haber hoy entre esta cadena y las prendas exclusivas de una tienda Louis Vuitton.

En España, y ante el improbable caso de que la parte socialista del gobierno Sánchez escuche primero y admita después la propuesta de Belarra, ya podría hundirse la economía hasta límites nunca vistos que jamás Unidas Podemos reconocería que la propuesta no es precisamente brillante. De ser así, además, se les habría ocurrido mucho antes, hace cuatro años, nada más entrar en el gobierno. Pero, eso sí, los miles de compañeros y colegas que habrían pasado a formar parte de las plantillas de esos “Super del precio justo”, a ver quién los devuelve al paro ante la segura inviabilidad del modelo de negocio, según apuntan todos los expertos del sector y economistas de todo pelaje ideológico -a excepción del comunista, oviamente–.

Sea la soberbia, el odio ciego hacia el capitalismo y los capitalistas, o lo que sea, estos visionarios no son capaces de vislumbrar que la viabilidad de un negocio no se consigue con ideas improvisadas y caducas, sino con estudio pormenorizado, experto y detenido de modelos que están demostrando –y desde hace ya algunas décadas en el caso de Mercadona–, que se puede obtener valor añadido en una actividad de esta naturaleza y, además, conjugándola con salarios y ventajas sociales más que dignos para sus trabajadores , ajustando el porcentaje de beneficio en toda la cadena a cambio de ganar una buena cuota de mercado. No basta, pues, con levantar unos cuantos Super ‘precio justo’ y desconocer las leyes que rigen el mercado alimentario.

Y, en caso de que sea yo el equivocado, ¿por qué no extender el modelo al resto de sectores productivos de este país? Hablo del sector financiero, el de telecomunicaciones, el industrial (químicas, farmacéuticas, textil, automovilístico, transportes, bebidas…), la agricultura, la ganadería, el turismo, la restauración, los bienes de equipo, etc…

Nacionalicen todo, que es lo que les pide el cuerpo, y habrán llevado a la práctica el comunismo político y económico que buscan. Pero díganlo alto y claro para que también sus bases y los ciudadanos de a pie sepan que lo mismo sus puestos de trabajo, de transitar finalmente ese camino, pueden acabar yéndose al garete y el país sumido en la pobreza absoluta.

Pero a esta izquierda radical, ideologizada pase lo que pase y con el derecho exclusivo de decidir qué es progre y que no lo es, no le hables de experiencias (propias o ajenas, da igual). No hace falta traer aquí el ejemplo bolivariano de la Venezuela de Hugo Chavez que, puesta en práctica esa peregrina idea, en lugar de contribuir a dinamizar la economía nacional, lo que produjo fue hambre y pobreza generalizada para toda la población venezolana, herencia que mantiene a rajatabla su sucesor, el ínclito Nicolás Maduro.

No hace falta, pues, recurrir a ejemplos del otro lado del Atlántico para ilustrar la tozudez, la contumacia, la soberbia y la altanería con la que la izquierda patria secunda cualquier iniciativa salida del mágico sombrero de sus líderes o lideresas. Baste recordar lo que está pasando con la Ley del ‘solo sí es sí’, diseñado, levantado y llevado al consejo de ministros desde la cartera de Igualdad , capitaneada por Irene Montero. Desoyeron todas las voces autorizadas que les avisaban a priori de las consecuencias (Consejo de Estado y CGPJ, entre otros organismos ), y medio año después se han encontrado con 100 excarcelados y más de 1000 reducciones de pena entre los violadores y pederastas condenados en firme. Pero nada, ni un paso atrás, la ministra Irene Montero ni dimite ni acepta públicamente su error, y ahí sigue , en el Consejo de ministros, conviviendo con la parte socialista que, en principio la apoyó y hasta quiso hacer suya la dichosa Ley, y después hasta se ha dejado secundar por el PP para rectificar y cortar la sangría de casos, al menos a partir de la fecha de promulgación del nuevo texto consensuado.

A ver si de una vez la señora Belarra llega a la concusión de que lo que de verdad hace falta en este país, como en todos, es reducir el paro de forma drástica, hacer que cada ciudadano en edad laboral pueda trabajar dignamente y así tener ciertas garantías de futuro. Y, de paso, moverse en un entorno legal seguro, sin cambios arbitrarios permanentes que lo único que provocan es la falta de inversión nacional y extranjera, el cierre de negocios y el estancamiento de los que van quedando. Así es que, señora ministra, como en el viejo programa de televisión que da nombre a sus supermercados públicos, sólo nos queda ponernos manos a la obra: ¡A jugar…!