Nuestros campos

Empiezo por decir, para que no haya dudas, que soy de pueblo, aunque bastante más de media vida la haya pasado en Madrid. En un pueblo, se trabaje o no en el campo, los vecinos respiran, sueñan, viven con los ritmos que marca la naturaleza, las cosechas, las labores del campo. Al menos en uno en donde, como el mío (situado en el corazón de la Manchuela Conquense), con apenas un millar de habitantes y allá por los años 60 del siglo pasado, nueve de cada diez vecinos dependían de una u otra forma de cómo iba la cosecha, la vendimia, la aceituna, la siembra, de si había llovido o no, de si iba a llover próximamente. Aquella forma de vida no difería esencialmente en nada de la que habían tenido nuestros antepasados de generaciones y generaciones anteriores. Pero hete aquí que, a principios de este siglo, un buen día España se levantó formando parte de algo que, realmente, nunca había dejado de ser, es decir, parte de Europa, un ente económico, social y político mucho mayor que España que nos iba a catapultar en un sinfín de transformaciones que redundarían en el bien común de los ciudadanos de este viejo país que –¡quién sabe…! –, lo mismo deja de serlo a la vuelta de muy pocos años.

Y era cierto. Pronto llegaron las autovías, los fondos de ayudas de todo tipo para construir infraestructuras que permitiesen una mayor intercomunicación, una mayor permeabilidad entre unas zonas y otras… Y eso era bueno porque abrir las puertas a propios y a extraños ayudaba a ambas partes. Pero también llegó una Política Agraria Común, que más tarde se acabaría conociendo por sus siglas, PAC, que iba a alterar todos los principios, todas las reglas de juego que habían venido imperando, no ya en años, sino en siglos anteriores. Hasta la fecha los agricultores y ganaderos de cada zona eran muy libres de plantar o sembrar esto o aquello. Todo basado en la experiencia de sus padres, sus abuelos, sus amigos y sus vecinos. Pero los burócratas de Bruselas acabaron de un plumazo con esas sencillas claras reglas del libre mercado y comercio para imponer a cada agricultor y a cada ganadero que debían plantar y qué debían arrancar de cuajo de sus campos, cuantas y qué tipo de reses debían tener. A cambio, y si se veían directamente afectados, Europa les compensaría con unas cantidades económicas proporcionales a sus pérdidas.

La idea, en principio, parecía discurrir por el camino de la racionalidad, pensemos como un todo para distribuir mejor cultivos y productos, y evitar así los grandes excedentes y, además, depender menos de las importaciones del exterior y llegar al autoabastecimiento.

Pero con el paso de los años y especialmente en estos últimos, la PAC viene marcada por las obsesivas políticas agrícolas y ambientalistas europeas empeñadas en reducir las emisiones de gases invernadero en un plazo récord, aún a costa de poner en serios aprietos la supervivencia de miles de granjas y explotaciones, especialmente las de menor tamaño, permanentemente asediadas por el aumento de los costes laborales, energéticos y administrativos que, a la postre, lo único que consiguen es poner a los agricultores y ganaderos europeos en cada vez peores condiciones frente a sus competidores africanos, latinoamericanos o asiáticos.

Ahora nuestros agricultores y ganaderos dedican mucho más tiempo a manejar el cuaderno digital a través del cual la UE controla cuanto hacen y, lo que aún es peor, a intentar entender las nuevas PAC, más controladoras y exigentes en cada nuevo periodo. El último es el que va de 2023 a 2027 y ha tenido el efecto homogéneo en toda la Unión Europea de enervar a sus agricultores hasta el punto de sacarlos de sus explotaciones, coger sus tractores y presentarse a manifestar su hartazgo delante de órganos europeos y nacionales de buena parte de los países integrantes de la UE (Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Portugal, España…), hartos ya de comprobar campaña tras campaña que, a través de las subvenciones, los políticos europeos se han convertido en los auténticos dueños del sector agrícola y ganadero. Y todo porque imponen la reducción de pesticidas, el incremento obligatorio de superficie ecológica y la rotación de cultivos, o las restricciones en el uso de semillas, fertilizantes y fitosanitarios. En otras palabras, nuevas prácticas productivas que conllevan más costes y hacen menos competitivos nuestros productos al tiempo que, por el contrario, se importan alimentos y productos extracomunitarios a los que no se les exige ni la mitad de la mitad de los requisitos a que se obliga a los nuestros.

Menos mal que nuestro ministro de Agricultura, Luis Planas, aseguraba durante la inauguración de la Barcelona Wine Week que el Ejecutivo «escucha, comprende y apoya» a los agricultores, al tiempo que criticaba a los que utilizan al mundo rural «para desestabilizar y provocar enfrentamientos». Es decir, que cuantos agricultores se manifiestan estos días por ciudades y carreteras probablemente son también parte de esa fachosfera de la que habla el presidente del gobierno. Aquí quién se mueve en contra de la dirección y el sentido que marca el ejecutivo, incluido todo lo que tiene que ver con la PAC, es mucho más que un bulto sospechoso. El campo es también, y por si quedaba alguna duda, un bulto culpable. Pero un bulto que exige cosas tan claras como precios más justos, menos burocracia y luchar contra la competencia desleal de países terceros. Quédese, señor ministro, con esta copla y deje de insultar de una vez a la inteligencia de los agricultores y de todos los españoles y no siga intentando por enésima vez seguir sacando los balones fuera del área.