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Los padres de Maloma escriben una carta al presidente Sánchez: "¿Y si fuera su hija la secuestrada?"

Los padres de Maloma escriben una carta al presidente Sánchez: '¿Y si fuera su hija la secuestrada?'
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martes 11 de diciembre de 2018, 09:55h

Los padres adoptivos de la española Maloma Morales de Matos, secuestrada ahora hace 3 años en los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia), han dirigido una carta a Pedro Sánchez en el Día Internacional de los Derechos Humanos para "apelar a su responsabilidad como presidente y solicitarle directamente su intervención para que nuestra hija pueda expresar en España, libremente y en pleno ejercicio de sus derechos, dónde, cómo y con quién quiere vivir".

Tras un año esperando que el presidente cumpliera la promesa que les hizo durante un breve encuentro en un acto en Sevilla de reunirse con ellos, Pepe Morales y Mari Carmen de Matos aseguran que “nunca programó una reunión con nosotros, pero queremos pensar que la postura de Pedro Sánchez con respecto a la privación arbitraria de libertad de nuestra hija no ha variado y que le sigue pareciendo, como comentó, una situación a resolver con absoluta urgencia, de la que se va a cumplir ya el tercer aniversario”.

“El tiempo transcurre -aseguran en su misiva- y, mientras a nuestra hija se le pasan los años sin libertad, el Gobierno continúa permitiendo que los responsables del Frente Polisario campen a su anchas por España, perciban ayudas económicas y dispongan de respaldo político e institucional, mientras pesa sobre esa organización una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por complicidad y connivencia con esta práctica discriminatoria contra la mujer por razón de género, que justifican al amparo de que “son cuestiones de familia, por tradición y cultura”.

En la carta, que ha sido entregada personalmente por la madre adoptiva de Maloma en la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, la familia Morales insta al presidente a comprender que “para nosotros, como padres, no es admisible que, además, se recubra de indolencia y de silencio una situación tan grave, de la que ya hay más ejemplos de los que quisiéramos de ciudadanos españoles retenidos contra su voluntad y a la fuerza en los campamentos de Tinduf, algunos de los cuales han recuperado su libertad gracias a distintas medidas políticas. No tiene más que revisar los casos de Mahyuba Mohamed Hamdidaf (2014), Azman Mohamed Yahya (2017) o Ljadra Said Hannuha (2018)”.

Así, le preguntan al presidente “¿y si la secuestrada fuera su propia hija? ¿Permanecería usted impasible mientras el Gobierno actúa como si esta situación no estuviera ocurriendo? No, seguro que no. Su hija no habría permanecido tres años secuestrada como la nuestra. Debe ser que en este país aún permitimos que haya “ciudadanos de primera y otros de segunda”, pero lo cierto es que sí hay antecedentes de decisiones políticas expeditas y contundentes que han demostrado, sin ningún género de duda, que el Gobierno antepuso el respeto a los derechos de sus ciudadanos a otros intereses de índole política. Y fue en 1985 -recuerdan en la carta-, cuando el expresidente Felipe González expulsó a los responsables del Frente Polisario en España por los atentados cometidos contra pesqueros canarios. Ahora, indiscutiblemente, el secuestro de Maloma amerita reacciones similares por parte del Gobierno, que, hasta el momento, ha abandonado a su suerte una de sus ciudadanas”.

Los padres adoptivos de Maloma se sinceran en esta carta, en la que describen como “muy dolorosa” la situación de la joven española de 25 años que, tras ser secuestrada por su hermano biológico, Mohamed Lamin Takio Hamda, ha sido víctima de un matrimonio forzado y es madre de una niña de 10 meses, también ciudadana española. “Hemos tratado de transmitirle nuestra impotencia ante una situación inverosímil -afirman en su texto-, que debe concluir. En este día tan importante en todas las sociedades democráticas, le pedimos encarecidamente que mire al Sur y tienda la mano a Maloma y a su hija, para resolver esta situación, sin olvidar que tanta impunidad no puede continuar afectando a ciudadanos españoles y que este tipo de violaciones de DDHH deben tener consecuencias”.

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