El retroceso de España en el ranking europeo de derechos LGTBIQ+

Anualmente, ILGA-Europa elabora el mapa e índice anual Rainbow Europe, donde clasifica la situación legal y política de las personas LGBTI en 49 países europeos durante los últimos 12 meses. Y como viene sucediendo en años anteriores, España muestra una tendencia descendente y ha bajado 4 puestos en la clasificación europea. Una de las claves del retroceso es, según la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, e Intersexuales (FELGTBI+), el retraso en la aprobación de la Ley Trans.

El mapa arco iris de ILGA-Europa, que clasifica a los 49 países europeos en una escala entre 0% (violaciones graves de los derechos humanos, discriminación) y 100 % (respeto de los derechos humanos, plena igualdad), se publica cada mayo desde 2009, con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia.

El ranking se establece mediante la puntuación ponderada de cada país en siete categorías temáticas: igualdad y no discriminación; familia; delitos de odio y discurso de odio; reconocimiento legal de género; integridad corporal intersexual; espacio de la sociedad civil; y asilo. Una de ellas, la que se refiere a integridad corporal intersexual, se ha presentado nueva este año, dejando patente el compromiso de ILGA-Europa por adaptarse a las nuevas realidades y diversidades. En esta categoría se incluyen medidas como la prohibición de las intervenciones médicas innecesarias en personas intersexuales sin su consentimiento o la protección de la integridad corporal.

Este año, España se sitúa en el puesto 11º (de 49 países), lo que supone un descenso en la clasificación respecto a años anteriores. Sin ir más lejos, en 2020 y 2021 ocupó el 6º puesto, lo que indica que se está ralentizando el progreso de los derechos del colectivo en el territorio español. Esto es particularmente grave si tenemos en cuenta que España ha sido siempre un referente en derechos LGTBI+, precisamente, en 2011 ocupó el 2º puesto en el ranking.

Algunos de los criterios que bajan la puntuación son el no reconocimiento de las personas no binarias y de la autodeterminación. Además, el requerimiento de un diagnóstico de trastorno de identidad de género y de una intervención médica obligatoria para personas trans, implican que aún se considere como una patología médica/psicológica, por lo que resta puntos de cara al ranking.

En el informe se detectan necesidades de mejora, como la prohibición a nivel estatal de las terapias de conversión y la implementación de políticas públicas sobre asilo que contengan mención expresa de todos los motivos OSIEGCS (orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales).

La aprobación de la Ley estatal Trans y LGTBI es clave

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha señalado que la desigualdad legislativa entre territorios empeora nuestra clasificación en el índice anual. Además, este hecho justifica la necesidad de aprobar una Ley estatal Trans y LGTBI que iguale al alza los derechos en las comunidades autónomas.

Óscar Rodríguez defiende que “aprobar una legislación a nivel estatal volvería a situar a España entre los países más avanzados en derechos LGTBI+ y reduciría las asimetrías entre los territorios del Estado. Al tiempo que estaríamos cumpliendo con las recomendaciones formuladas en la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025 de la Comisión Europea. El avance en políticas de igualdad siempre supone una mejora de la calidad democrática”.

"Es urgente aprobar ya la ley trans y LGTBI para que España vuelva a ser el faro arcoiris de Europa. Lo fuimos en 2005 con la ley del matrimonio igualitario y volveremos a serlo en 2022 con la ley trans y la puesta en marcha del teléfono arcoiris. Nos va la vida en ello", ha afirmado la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez.