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El Supremo rebaja la condena a Artur Mas por desobediencia al convocar la consulta soberanista
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(Foto: PDeCAT)

El Supremo rebaja la condena a Artur Mas por desobediencia al convocar la consulta soberanista

lunes 17 de diciembre de 2018, 13:19h

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha equiparado la condena de inhabilitación de Artur Mas por el caso de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 a la de Francesc Homs, y la ha reducido a 1 año y 1 mes de inhabilitación por delito de desobediencia.

La Sala ha resuelto los recursos de casación interpuestos por el ex president de la Generalitat, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consellera de Educación Irene Rigau contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que les condenó como autores de un delito de desobediencia a las penas de multa e inhabilitación especial.

El Tribunal Supremo ha confirmado todos los pronunciamientos de la sentencia impugnada a excepción de la concreta duración de las penas de inhabilitación especial que ha sido reducida quedando establecida en 1 año y 1 mes para Artur Mas; 9 meses para Joana Ortega y 6 meses para Irene Rigau. El TSJ les había condenado a 2 años de inhabilitación (Mas); 1 año y 9 meses (Ortega) y 1 año y 6 meses (Rigau).

En el caso del ex conseller Homs, que fue enjuiciado por los mismos hechos en el Supremo por su condición de aforado como diputado nacional, la pena de inhabilitación se fijó en 1 año y 1 mes.

Qué fue la consulta soberanista

La consulta fue convocada a raíz de un acuerdo entre la mayoría de los partidos políticos con representación en el Parlament catalán. Fue suspendida tras los recursos de inconstitucionalidad del Gobierno central, en ese tiempo en manos de Mariano Rajoy.

El 14 de octubre, ante la situación de la suspensión, Mas anunció que la consulta no se celebraría en los términos previstos y que en su lugar convocaría una consulta alternativa y la denominó "proceso participativo".​ En todo caso, siguió siendo considerada ilegal pero el Govern de Mas se comprometió a financiarlo, problema que ahora ha sido resuelto por el Tribunal de Cuentas exigiéndole la devolución de 4,9 millones públicos.

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