delito de desobediencia

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ante la justicia por desobediencia. Torra se ha presentado este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. El fiscal reclama para él un año y ocho meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa

El presidente de la Generalitat, Quim Torra ha acudido este miércoles al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a declarar como investigado por un delito de desobediencia por desoír la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en periodo electoral. Arropado por el independentismo, Torra ha alegado ante el juez que los lazos amarillos se enmarcan en la libertad de expresión y que la JEC "no es competente" para ordenar su retirada.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra por un presunto delito de desobediencia. La querella se presentó después de que Torra desoyera la orden de la Junta Electoral Central de retirada de los lazos amarillos y "símbolos partidistas" de los edificios públicos de la Generalitat.

Aunque la Generalitat ha retirado los lazos amarillos y "símbolos partidistas" de los edificios públicos, el pulso del president Quim Torra a la Junta Electoral podría causarle la inhabilitación. La Fiscalía General del Estado se ha dirigido al fiscal de Cataluña para que interponga la querella contra Torra por desobedecer la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos, limitandose a sustituir unos símbolos por otros. Torra ha anunciado su propia querella por prevaricación contra la Junta Electoral, por lo que la 'guerra de símbolos' continúa.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) advierte a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell; al presidente en funciones, Artur Mas, y a otros 19 altos cargos de Cataluña de que pueden incurrir en responsabilidades, incluso de carácter penal, si incumplen la suspensión decretada al admitirse a trámite, de forma unánime, el recurso presentado este mismo miércoles por la Abogacía del Estado contra la resolución del Parlamento de Cataluña que anuncia el comienzo del procedimiento independentista.

El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva (PP), ha negado que tuviera "ningún interés en demorar el cumplimiento de la sentencia" o "evitar responsabilidades", ya que desde el "primer momento" se "limitó a decir que se cumpliera", e incluso ha ironizado con que si había alguien interesado en que las obras concluyeran era él como vecino del séptimo piso del edificio afectado, por lo que "cuando notaba que aquello no funcionaba llamaba y pedía explicaciones", lo que no podía era "ponerse el casco y coger la piqueta".  De la Riva se enfrenta a un delito de desobediencia en un juicio que ha levantado expectación vecinal y mediática y en el que el regidor, de 69 años, que apura el final de su quinto mandato y que aspira a un sexto al frente de la Alcaldía ha insistido, a preguntas a la fiscal, en que "hizo lo que el dijeron que tenía que hacer".

El juez de instrucción número 14 de Madrid mantiene su decisión de tramitar como juicio de faltas el incidente de tráfico que protagonizó la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, con unos agentes de movilidad, al no apreciar delito de resistencia.

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este miércoles que al ser sancionada por agentes de movilidad el pasado 3 de abril por aparcar en el carril bus de Gran Vía entregó "absolutamente todos los documentos" y ha reiterado que estos funcionarios "mienten".

El juez de Instrucción número 14 de Madrid, Carlos Valle, ha decidido que el incidente de tráfico que sufrió el pasado 3 de abril la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, se resuelva con la celebración de un juicio de faltas en los Juzgados de Plaza de Castilla, han informado fuentes jurídicas. Por su parte, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, se ha vuelto a pronunciar este miércoles sobre el incidente de tráfico y ha recordado que la "última palabra" la tiene el juez.