Arran

Arran, la organización juvenil vinculada a la CUP, ha reivindicado las pintadas en las sedes de Ciudadanos y PP en Barcelona, que han amanecido con la frase: por nuestros cuerpos no pasaréis, en rechazo a las últimas propuestas de ambas formaciones respecto al aborto, en el caso de los 'populares' o la defensa de los vientres de alquiler, en el caso de los 'naranjas'.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha vuelto a pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que "aplique la ley de Partidos para ilegalizar a los CDR y a la organización juvenil Arran", a quienes ha tachado de "kale borroka", en lo que ha llamado la "batasunización callejera". Casado ha reiterado que "los partidos políticos que promuevan, alienten o justifiquen la violencia pueden ser ilegalizados", y ha recordado lo ocurrido con Batasuna en 2002, "cuando algunos dijeron que iba a arder Troya y lo único que dejaron de arder fueron cajeros, marquesinas y papeleras por las calles".

La organización juvenil de izquierda independentista 'Arran' ha reivindicado el ataque contra la casa del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. En la mañana de este miércoles, dos personas vestidas de negro y encapuchadas se dirigieron al domicilio del juez del 'procès' en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) para lanzar varios cubos de pintura contra la puerta de entrada al domicilio. Los Mossos han abierto una investigación para encontrar a los responsables del "señalamiento".

La organización independentista juvenil, Arran ha quemado pancartas con los rostros de Mariano Rajoy, Albert Rivera y Pedro Sánchez a las puertas de la sede del PP catalán en Barcelona. El acto ha sido denunciado por los 'populares', que consideran que "esta es una muestra más de intolerancia hacia el pluralismo de la sociedad". Rodríguez ha tachado el suceso de "acción violenta de los radicales", que se produce en un momento marcado por las tensión entre los partidos independentistas y el Gobierno de Mariano Rajoy.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, ha instruido a la Abogacía General del Estado para que adopte las medidas necesarias para denunciar los ataques perpetrados contra intereses turísticos en Cataluña y Baleares, y se persone en las diligencias que ya estén abiertas en relación con estos hechos.