derecho de manifestación

La propuesta de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, de crear lugares específicos de manifestación en las grandes ciudades, conocidos vulgarmente como "manifestódromos", no ha calado en el seno del Ejecutivo. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que el Gobierno "no ha reclamado ninguna posición jurídica ni se trabaja en ese sentido".

>> Fernández Díaz apoya la creación de un 'manifestódromo'

El Ministerio del Interior incorporará las recomendaciones realizadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana elaborado por el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, según ha confirmado un portavoz del Ministerio porque considera inconstitucionales varios preceptos por vulnerar los derechos de la ciudadanía. Sin embargo, de forma paralela Fernández Díaz anunciaba su apuesta por limitar el derecho fundamental de manifestación reconocido en el artículo 21 de la Constitución para que se concentrasen en determinados espacios a modo de 'manifestódromos'.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha calificado este jueves como "muy atinada" la reflexión de establecer un lugar específico en el que celebrar las manifestaciones ya que, según ha dicho, "ningún derecho es absoluto".

El subdelegado del Gobierno en Cuenca, Ángel Mariscal, ha señalado que en Cuenca "hay un boom de pedir manifestaciones y concentraciones en cualquier sitio y por cualquier razón", después de que en la provincia se hayan registrado 279 actos reivindicativos desde el uno de enero hasta el 30 de septiembre.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha señalado que las manifestaciones son "un derecho constitucional que no hay que no hay que tocar, que hay que respetar".

El Ministerio de Interior, que dirige Jorge Fernández Díaz, no se plantea modificar la actual regulación del derecho de manifestación, informaron en fuentes gubernamentales.

Hace una semana escasa la alcaldesa de la capital, Ana Botella, se quejaba de que hubiera demasiadas manifestaciones y, ahora, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha recogido el guante. En un primer momento se defendió argumentando que se limitaba a cumplir la ley, pero este martes ha preferido apostar por un cambio en la normativa. Cifuentes ha afirmado que la Ley es "muy permisiva y amplía" con el derecho de reunión y manifestación y ha apostado por "modularla" para "racionalizar el uso del espacio público".