Irene Rigau

El ex president de la Generalitat, Artur Mas, deberá depositar una fianza de 5.251.848,17 euros como máximo responsable de la consulta ilegal celebrada el 9 de Noviembre de 2014. Así lo ha establecido el Tribunal de Cuentas, que ha fijado un plazo de 15 días para abonar este importe o procederá al embargo de cuentas y bienes de Mas. Esta condena por responsabilidad contable se une a la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que inhabilitó durante dos años a Mas por desobediencia al Tribunal Constitucional, que prohibió la consulta del 9-N.

Las defensas del expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau han anunciado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que recurrirán al Tribunal Supremo (TS) la condena por la consulta sobre el 9N. Principalmente porque consideran que, entre otras cuestiones, la sentencia vulneró varios artículos de la Constitución.

La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, ha manifestado hoy "máximo respeto" por el poder judicial pero ha rechazado que ella practicara la desobediencia al organizar el "proceso participativo" del 9 de noviembre, y ha remarcado que el ejecutivo catalán quiere realizar otra consulta más definitiva. En la misma línea se ha pronunciado la consellera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, quien ha afirmado que afronta con "tranquilidad y serenidad" la querella que interpondrá la Fiscalía contra ella, el presidente del Govern, Artur Mas, y la vicepresidenta Joana Ortega, por el proceso participativo del 9 de noviembre.

La consellera de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, Irene Rigau, ha afirmado este miércoles que le parece "poco estimulante" que la Selectividad se pueda aprobar con un 4 de nota, después de conocerse los resultados de las últimas Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que aprobó casi un 96% del alumnado, pero con franjas de suspensos en materias básicas como Matemáticas y Lenguas.

La consellera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha destacado este jueves que "hay diálogo" con el Ministerio de Educación en la puesta en marcha del borrador de la reforma educativa y que el objetivo final es compartido: garantizar a los alumnos un mínimo de las dos lenguas, aunque ha admitido que lo que no es compartido es el camino para llegar a lograrlo.