Los grupos de JxCat, ERC y la CUP, unieron sus 68 votos para aprobar la moción transaccionada que reafirma la resolución independentista del 9-N. La moción se aprobó pese a que los letrados del Parlament advirtieron a su presidente, Roger Torrent, de que el trámite de la moción contraviene las resoluciones del Tribunal Constitucional.

El ex president de la Generalitat Artur Mas ha depositado 2,2 millones de euros en el Tribunal de Cuentas y ha pedido una ampliación del plazo para abonar de forma íntegra los 5,2 millones de euros que fijó como fianza por la organización de la consulta del 9-N en Cataluña.

El ex president de la Generalitat, Artur Mas, deberá depositar una fianza de 5.251.848,17 euros como máximo responsable de la consulta ilegal celebrada el 9 de Noviembre de 2014. Así lo ha establecido el Tribunal de Cuentas, que ha fijado un plazo de 15 días para abonar este importe o procederá al embargo de cuentas y bienes de Mas. Esta condena por responsabilidad contable se une a la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que inhabilitó durante dos años a Mas por desobediencia al Tribunal Constitucional, que prohibió la consulta del 9-N.

La consulta catalana del 9-N costó a las arcas públicas más de 5 millones de euros. El Tribunal de Cuentas estudia ahora la posibilidad de pasar la factura a su promotor, el ex president de la Generalitat, Artur Mas, para que haga frente al coste con su propio patrimonio.

Si había expectación por la sentencia del 9-N, una vez conocida, también la había por las reacciones de los acusados, sobre todo por Artur Mas, que la califica como "cogida con fórceps". Y el expresidente de la Generalitat, que compareció en rueda de prensa en la sede PDECat junto los otros dos condenados, Irene Rigau y Joana Ortega, y su sucesor al frente de la Gneralitat, el actual presidente Carles Puigdemont, se ha pronunciado sin sorpresas y aprovechando el papel de víctima que lleva jugando desde el inicio del proceso en los tribunales contra él y que ahora toma mayor relieve. Por supuesto que no sólo no se "arrodillará", sino que insiste en que está orgulloso de su actuación y, claro, que recurrirá su inhabilitación en las siguientes instancias en España y en Europa.

Ya se ha conocido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la consulta independentista del 9-N de 2014. Había una alta expectación por conocer en concreto la condena que pudiera sufrir Artur Mas, y el ex president catalán ha sido castigado con 2 años de inhabilitación en cargo público aunque ha quedado absuelto del cargo de prevaricación, que era más peligroso por sus consecuencias penales.

La fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, ha explicado los hechos que sucedieron el viernes frente al Palacio de Justicia cuando salió de la sesión del juicio del 9N: "Me insultaron. Me llamaron mierda, fascista, eres una mierda, vete de Catalunya, fuera".

Miles de personas arropan a Mas en el juicio por el referéndum independentista

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha garantizado este lunes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que su partido votará en contra del suplicatorio que el Tribunal Supremo pedirá al Congreso para poder abrir un procedimiento al diputado Francesc Homs (CDC) por la organización de la consulta del 9N.

400 alcaldes catalanes acudirán este jueves ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para apoyar al presidente de la Generalitat, Artur Mas, antes de declarar como imputado por haber organizado el 9N.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha requerido al Centre de Telecomuniccions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) que le remita los expedientes sobre la compra de los ordenadores utilizados en la consulta del 9-N y de su transporte a los puntos de votación. El magistrado ratifica la solicitud que hizo la Fiscalía, que pide que la Generalitat remita las facturas de la adquisición de los ordenadores usados en la consulta -unos 7.000, según cifró la consellera de Enseñanza, Irene Rigau-, así como documentación sobre las partidas destinadas a desarrollar el software empleado para gestionar las votaciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) considera "un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial" las convocatorias ante el Palau de Justícia para apoyar a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la consellera Irene Rigau, citadas a declarar este martes como imputadas por organizar el 9N.

La ex vicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega ha declarado este martes como imputada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la consulta alternativa del 9-N de 2014, y ha negado haber desobecido al Tribunal Constitucional (TC) porque la organización de la consulta estaba en manos de voluntarios cuando el tribunal la suspendió, por lo que no tiene "ninguna conciencia" de haber desobedecido cuando compareció para difundir sus resultados.

La consellera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha asegurado este jueves que tiene la "conciencia tranquila" por haber organizado el proceso participativo del 9N, y ha defendido que no hizo nada negativo, sino que solo cumplió un mandato del Parlament.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha requerido a la Generalitat que le facilite el coste de la consulta soberanista del 9N y ha citado como testigos a tres responsables de Enseñanza, para averiguar quién ordenó a directores de escuelas que cedieran sus locales para la votación.

A Artur Mas no le ha gustado ni pizca el fallo del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la pseudo consulta del pasado 9 noviembre. El presidente de la Generalitat ha comparecido ante la prensa visiblemente molesto tras conocerse el contenido de la sentencia. Y ha lanzado un mensaje contundente contra el Alto Tribunal y contra el Gobierno del PP. "El 9-N no se puede borrar, porque está grabado con letras de oro en la Historia democrática de este país".

El Tribunal Constitucional ha declarado este miércoles inconstitucionales los actos del denominado "proceso participativo", la consulta 'alternativa' que fue convocada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, el pasado 9 de noviembre, días después de que este mismo órgano suspendiera el decreto inicial de convocatoria de este proceso.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado los recursos del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y las 'conselleres' Joana Ortega e Irene Rigau y ha decidido mantener abierta la investigación por su supuesta desobediencia en la consulta soberanista del 9N. En un auto notificado hoy, la sala civil y penal del alto tribunal catalán ve "prematuro" que Mas, Ortega y Rigau pidieran el archivo de la causa, así como "irrelevantes" algunos de sus argumentos exculpatorios, al considerar que sus alegaciones sobre que no cometieron desobediencia corresponde efectuarlas "tras la correspondiente instrucción penal".

La Sala Civil y Penal Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ve indicios de "desobediencia" en el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por la convocatoria del proceso participativo del 9 de noviembre sobre la independencia de Catalunya.

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), la entidad que vigila los contenidos que emiten los medios de comunicación, ha abierto expediente sancionador contra las cadenas de radio Ser, Onda Cero y Cope por negarse a emitir publicidad gratuita del sucedáneo de referendo del pasado 9 de noviembre. El proceso puede culminar con multas cuyo importe oscilará entre los 12.001 y los 90.000 euros.

Tras toda una mañana de deliberaciones, el pleno de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido admitir a trámite las diversas querellas interpuestas contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y las conselleras de Governació, Joana Ortega, y Ensenyament, Irene Rigau, por el sucedáneo de referéndum celebrado el pasado 9 de noviembre.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado hoy que el Tribunal Superior de Cataluña tendrá que estudiar lo ocurrido el 9 de noviembre en la consulta ciudadana, independientemente de que actúe o no la Fiscalía de esa Comunidad Autónoma.