El Constitucional exige a la sindicatura electoral catalana que informe si está trabajando para impedir el referéndum

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado, por unanimidad, requerir a las personas designadas como miembros de la sindicatura electoral de Cataluña que, de acuerdo con lo previsto en el art. 92.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), le informen sobre las medidas que han adoptado para dar cumplimiento a la suspensión cautelar que, por providencia del Tribunal y desde el pasado día 7, se acordó en relación con la Resolución 807/XI del Parlament de Cataluña.

Dicha providencia fue notificada personalmente, entre otros, a las personas recién designadas integrantes, titulares y suplentes, de la sindicatura electoral de Cataluña. A todas ellas, el Tribunal les advirtió de su “deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión” cautelar de la Resolución 807/XI, bajo el apercibimiento de las eventuales responsabilidades, incluidas la penal, en las que podrían incurrir de no atender a su requerimiento.

A la vista de que, pese a dicho requerimiento, se ha procedido por la sindicatura electoral de Cataluña a la designación de los síndicos territoriales (territorios de Arán, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona), el Tribunal decide iniciar los trámites previstos en el art. 92.4 LOTC y requiere personalmente a las personas que integran dicha sindicatura electoral de Cataluña, titulares y suplentes, para que, “en el plazo de 48 horas, informen a este Tribunal de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la suspensión de la Resolución 807/XI del Parlamento de Cataluña”.

Asimismo, a petición de la Abogacía del Estado, ha acordado ampliar la notificación de la providencia del pasado día 7 a todas las personas designadas para conformar las sindicaturas electorales de los territorios de Arán, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. A todos ellos, el Pleno les advierte de su deber “de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”. En particular, “de cualquier acto y/o actuación en aplicación del art. 23 de la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, así como iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno en orden a la ejecución de las previsiones contenidas en la mencionada Ley, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento”.

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) consideró ayer que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los consellers de su Ejecutivo "habrían utilizado arbitrariamente" sus "potestades" al convocar un referéndum de independencia, y, por lo tanto, podrían haber cometido un delito de prevaricación.

Los Mossos prometen acatar la orden de retirar urnas

Mientras tanto, el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, dirigió ayer un comunicado interno a todos los agentes del cuerpo en el que adjunta las instrucciones de la Fiscalía para que se lleven a cabo las acciones policiales correspondientes ante actos que ejecuten "autoridades, funcionarios públicos o particulares en connivencia con los anteriores, dirigidos a preparar y celebrar el referéndum de autodeterminación". Trapero también comunica en esta orden que la Comisaría de Información será la encargada de centralizar todos los atestados de cada actuación.