El Govern y 33 entidades empresariales, sociales, sindicales y municipalistas escenificaron el lunes en el Palau de la Generalitat la firma del Pacto Nacional para la Vivienda, que pretender ser una hoja de ruta para los próximos diez años con el doble objetivo de dar estabilidad al sector de la construcción y garantizar el acceso a una vivienda digna sin exclusión.
Los dos grandes ausentes del pacto fueron CiU y PP, que argumentaron su negativa a sumarse a la firma por la polémica del alquiler forzoso de pisos vacíos que contempla la ley de la vivienda que está en vías de negociación en el Parlament.
El pacto es un instrumento para luchar contra las personas en riesgo de exclusión social. En la actualidad, 145.000 hogares tienen dificultades para costearse la vivienda, hay unos 6.000 indigentes, 10.000 personas que viven en pisos sobreocupados y otras 20.000 que no cuentan con una vivienda digna. Uno de los objetivos del acuerdo es erradicar esta situación.
El documento hace referencia a la necesidad de moderación del crecimiento de los precios y de producción de las viviendas asequibles, a menudo
"contradictorio" con el mantenimiento de un nivel elevado de actividad en el sector de la construcción. Por ello, opta por evitar pérdidas bruscas de actividad y busca un crecimiento sostenido.
Algunos de los firmantes de este Pacto Nacional por la Vivienda 2007-2016 lamentaron que CiU y PP no se adhieran al acuerdo para lograr un mayor consenso y consideraron que su actitud es
"partidista" y difícil de justificar.
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