La presidenta argentina,
Cristina Fernández, firmó el martes el proyecto de ley que impulsará una reforma legal para traspasar los millonarios fondos de pensión administrados por entidades privadas al sistema estatal de jubilaciones.
El plan oficial supone el traspaso al Estado de la cartera de fondos gestionada por las administradoras de fondos de jubilación y pensión (AFJP), que asciende a 98.000 millones de pesos (unos 30.600 millones de dólares).
De aprobarse en el Parlamento, la reforma implicará el fin del sistema de retiro por capitalización creado en 1994 y en el que actualmente operan diez compañías controladas por bancos y aseguradoras de capitales europeos, estadounidenses y argentinos, con 9,5 millones de afiliados.
"Escucho decir que el Gobierno quiere hacerse de una caja. Nunca hemos especulado a la hora de tomar decisiones, más allá de mantener el superávit fiscal. Sí pensamos en la Constitución, que dice que es el Estado el que debe garantizar las jubilaciones", afirmó Fernández.
Según alegó el Gobierno, la rentabilidad de los fondos administrados por las AFJP cayó un 20% en el último año
"y seguirá dando pérdidas en el futuro" al compás de la crisis financiera global.
La Anses también se hará cargo del pago a las 445.514 personas que cobran su retiro a través del sistema privado y que en un 77 por ciento no alcanzan a la jubilación mínima, que es de 689 pesos (212,6 dólares) mensuales, por debajo de la cesta básica de alimentos y servicios que marca la línea de pobreza y que el mes pasado fue de 970 pesos (300 dólares).
Orígenes (controlada por la holandesa ING Insurance), Met (de la estadounidense Metropolitan Life) y Consolidar (del grupo BBVA) son las principales firmas afectadas, ya que entre las tres acaparan el 47 por ciento de las afiliaciones al régimen de capitalización.
El anuncio oficial
ha puesto en alerta a los 11.000 empleados del sector, cuyos representantes sindicales indicaron a Efe que reclamarán al Gobierno por la "violencia" de la reforma y el golpe de muerte a su fuente laboral, pese al apoyo de las centrales gremiales a la iniciativa del Ejecutivo.
Seguridad jurídica, garantizada
El ministro de Planificación Federal de la Nación,
Julio De Vido, se reunió este mediodía con las principales autoridades de YPF, para delinear los proyectos de inversión que tiene la compañía.
De la reunión, que se realizó en la sede central de YPF, participaron además del ministro, el vicepresidente de YPF, ingeniero
Enrique Eskenazi; el CEO Adjunto,
Matías Eskenazi, y el director general de Operaciones,
Antonio Gomis.
La reunión fue calificada como muy positiva por ambas partes. Se analizaron los planes de inversión de YPF en exploración y producción para el próximo semestre, en el marco del Programa Petróleo Plus dispuesto por el gobierno que preside Cristina Fernández de Kirchner, en una jornada de particular tensión en los mercados internacionales.
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En la Argentina las empresas tienen seguridad jurídica, por eso no hay motivo alguno de preocupación, especialmente en el caso de YPF, ya que conocemos con detalle su plan de negocios e inversiones y nos parece adecuado a las necesidades del país”, dijo el ministro De Vido.
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