Las dos caras del auto del juez Flors

El auto del juez José Flors sobre el caso Gürtel acerca la posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tenga que sentarse en el banquillo. Tras la decisión del magistrado de mantener abierta la causa al observar indicios de delito, sólo restan dos trámites antes de la posible apertura de un juicio oral. Por una parte, cabe el recurso que tanto Camps como Ricardo Costa, otro de los implicados, aunciaron que interpondrán. Por otra, es posible –aunque poco probable- que la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) tumbe la argumentación de Flors.

Mientras, la Generalitat se aferra a la posibilidad de conseguir el archivo de la causa al señalar que las acusaciones no han sido probadas “ni siquiera en el auto” y desde el PP se centran en destacar que se investiga un “cohecho pasivo”, penado por tanto, con una multa leve por haber aceptado el regalo pero sin ninguna actuación a cambio.

Independientemente de estas posturas y de lo publicado en algunos medios –que sólo ponen el foco en los aspectos más negativos o positivos para el presidente valenciano-, Diariocrítico CV quiere mostrar las dos caras de la decisión judicial.

"Constancia" de los regalos

El juez afirma que existe "constancia" de que las prendas de vestir adquiridas por el presidente de la Generalitat fueron pagadas por sociedades vinculadas a Orange Market y no por él mismo."Según parece desprenderse de las diligencias de investigación practicadas hasta ahora", los imputados "resultaron beneficiados por la recepción de las prendas de vestir cuyo precio pagó un tercero", indica el magistrado.

Además, precisa que, aunque el precio de esas prendas pudiera parecer "escaso o ridículo en comparación con la magnitud de la función desempeñada por alguna de las personas obsequiadas", esto "no es excluyente del desvalor de su acción objetivamente considerada".

El magistrado es contundente cuando se refiere al pago de los trajes. "Sí hay, en cambio, constancia de que el pago pendiente generado por la operación de los cuatro trajes -por valor de 2.880 euros- se canceló, junto con otras englobadas en una deuda de mayor importe, con cargo a unos cheques librados por la entidad Servimadrid Integral", señala el auto.

Asimismo, el magistrado en su exposición señala que tampoco existe constancia de que el resto de imputados abonara el precio de las prendas que recibieron "directa ni indirectamente" al establecimiento vendedor, "y sí la hay en cambio" de que los importes fueron pagados "mediante la entrega de dos cheques librados contra la cuenta de Orange Market".

Por si fuera poco, Flors señala la "cadena de conversaciones telefónicas" mantenidas entre el sastre y los imputados en Madrid Pablo Crespo; Manuel Delgado y Álvaro Pérez con Ricardo Costa con posterioridad a la fecha en el que el primero declaró en Fiscalía y "cuyo contenido evidencia la patente preocupación de todos ellos por lo ocurrido, su intranquilidad porque se descubra lo que esos hechos significan, su afán por reunirse para buscar una salida y explicarle luego al señor Costa cómo Pablo Crespo había ideado un modo de ´arreglarlo´".

Asimismo, cita su "prevención acerca de las precauciones que algunos de ellos debieran adoptar desde ese momento y su inquietud en fin, por la trascendencia del hecho atendida la relevancia política de las personas implicadas".



“Cohecho pasivo”

No obstante, el auto revela también una serie de detalles en los que se basa la defensa de Camps y el resto de implicados para defender que no hubo presiones políticas para contratar a Orange Market. Así, se descarta el tráfico de influencias y otros delitos más allá del “cohecho pasivo”.

Pese a constatar las dádivas recibidas, el juez asegura que la finalidad de estos regalos "no era otra que la de lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquellas personas, obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor, pero sin tender a la obtención de una determinada contraprestación", indica el juez.

De este modo, José Flors descarta una relación directa entre la obtención de presentes y las adjudicaciones de determinados contratos a las empresas vinculadas a la trama de Correa y Álvaro Pérez. Al señalar además que ninguno de los implicados tenía entre sus competencias las adjudicaciones realizadas a Orange Market.

Asimismo, añade que tampoco existe constancia de que "los agasajos" hacia los cuatro imputados "fueran la causa determinante de esa concreta adjudicación decidida por las citadas autoridades y funcionarios responsables de los referidos organismos, cuyos criterios obedecían, más bien, al conocimiento interno que parecía tenerse en casi todos aquellos servicios y organismos de la existencia de orange Market y de Álvaro Pérez, a quienes solían encomendarse las más variadas tareas y encargos".

En este sentido, manifiesta que la competencia de la función pública de cada uno de los imputados, no permite concluir que el fin de los regalos fue obtener un acto propio de sus fuciones sino la de "lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquellas personas, obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor, pero sin tender a la obtención de una determinada contraprestación".