La denuncia ante el Tribunal de Cuentas se ha presentado el mismo día que la Junta Electoral Central ha decidido no pronunciarse sobre la posible irregularidad que supone el uso del Falcon por
Rodríguez Zapatero para acudir a actos electorales, por cuanto este asunto "excede" sus competencias. Así ha respondido por unanimidad el máximo órgano arbitral electoral en una reunión celebrada en el Congreso para estudiar la denuncia presentada por el PP respecto a la "
desventaja" que para el resto de los partidos supone que Zapatero se desplace en aviones militares a mítines y actos electorales. La Junta también recomendaba al PP que para cualquier consideración respecto a los gastos electorales debe ser el Tribunal de Cuentas el que se pronuncie.
Dicho y hecho: los populares no han perdido el tiempo y
Pilar Busó y
Juan Carlos Vera han presentado en el Tribunal de Cuentas una denuncia sobre el ‘uso y abuso’ del Falcon de las Fuerzas Armadas por Zapatero como medio de desplazamiento para la realización de actos electorales.
Dicen los del PP que en relación con la contabilización de los gastos de las campañas electorales y su financiación, singularmente con determinados gastos derivados de la utilización del avión militar para participar en los mítines programados, son varias las disposiciones legales que directamente se refieren a la exigencia de su adecuada contabilización y financiación por los partidos, así como las responsabilidades que pudieran derivarse en caso contrario.
Hablan, en concreto, del artículo 130 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, que señala que los gastos electorales en los que pueden incurrir los partidos políticos y que deben ser registrados en su contabilidad a rendir al Tribunal de Cuentas, incluye expresamente en su letra e) Los medios de transporte y gustos de desplazamientos de los candidatos, de los dirigentes de los Partidos, Asociaciones, Federaciones o Coaliciones, y del personal al servicio de la candidatura.
Esa misma Ley establece con precisión en su artículo 128 la prohibición de efectuar otras aportaciones provenientes de cualquier Administración o corporación pública, organismo autónomo o entidad paraestatal, de las empresas del sector público cuya titularidad corresponde al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las provincias o a los municipios y de las empresas de economía mixta, así como de las empresas que, mediante contrato vigente, prestan servicios o realizan suministros u obras para alguna de las Administraciones Públicas.
Contabilidad del PSOE
Así las cosas, sostiene el PP que el coste derivado de la utilización del avión militar “
deberá figurar en la contabilidad que el administrador del Partido Socialista habrá de rendir al Tribunal de Cuentas y que, según el principio básico de registro al que dicha contabilidad está sometida, deberá incluir todos los ingresos y gastos relacionados con la campaña electoral”.
Ahora bien, en el supuesto de que dichos gastos no estuvieran incluidos en la contabilidad electoral presentada se estaría ante un manifiesto “
incumplimiento del principio de igualdad que ha de regir todo proceso electoral de conformidad con las normas más básicas del comportamiento democrático”.
Por otra parte, en el caso de que la contabilidad electoral no hubiera incorporado los gastos aludidos, su coste habría sido soportado por la propia Administración General del Estado, en contra de lo señalado en el mencionado artículo 128 de la Ley Electoral. “
Esta actuación, sin la menor duda, habría supuesto un uso indebido de los recursos públicos que se habrían visto perjudicados, al menos, en el importe de los citados gastos, cuya reposición al Tesoro público podría exigirse a través del pertinente procedimiento de responsabilidad contable”, escriben los populares.
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