Según informó este lunes la Generalitat, 22 inspectores llevarán a cabo esta campaña informativa, en la que se analizará el cumplimiento de diversos aspectos de la ley, es decir, si han rotulado al menos en catalán y si al menos una persona de la plantilla entiende el catalán.
Dentro de tres meses se empezará a sancionar a los locales que sigan incumpliendo la Ley, con multas de entre 300 y 600 euros por cada infracción.
La iniciativa se incluye en las actuaciones de divulgación, información y formación impulsadas por la consejería de Innovación, Universidades y Empresa, como el Programa para la Restauración Orientado a la Formación Integral de los Trabajadores (Profit).
Con respecto a este asunto, el secretario general de la Consejería de Innovación, Universidades y Empresa, Enric Aloy, afirmó este lunes que la ley de política lingüística hostelera "no obliga a nadie" a hablar en catalán ni "en un idioma que no quieran hablar", sino que busca que los clientes locales sean entendidos.
Aloy ha asegurado que el objetivo es que el consumidor pueda "dirigirse y ser entendido" en catalán, aunque el camarero le atienda en castellano.
Aloy reiteró que el catalán es "un derecho básico" y como tal "tiene que ser cumplido", y que no se trata de si se cumple o no una ley, sino que "es una cuestión de sentido de común" que un ciudadano "cuando se dirija a un restaurante pueda ser atendido en su lengua materna".
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