Con su valoración del plan de ajuste español, Bruselas le ha venido a decir a España que necesita alcanzar los objetivos de 2011 con medidas concretas. El techo de gasto fijado para el presupuesto del próximo año de 122.000 millones de euros ayudará en ese proceso, porque supone ya una reducción del 1%. Pero falta otro 0,75%. Así que, en total, para el año que viene, España tiene que especificar medidas equivalentes al 1,75% del PIB.
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El secretario de Estado de Economía
Carlos Ocaña ha dado alguna pista al explicar que ese ajuste del 0,75% tendrá que salir del ajuste de los presupuestos de las comunidades autónomas, pero éstas ya tenían comprometido un ajuste de 10.000 millones en el Plan de Estabilidad del Ejecutivo (2010-2013),que era el documento inicial manejado por el Ejecutivo para reducir déficit público y deuda, y cumplir así los objetivos comunitarios.
Un 'rapapolvo' a los países del arco mediterráneo por parte de Bruselas, posterior al plan de rescate de Grecia, dio como resultado que el Gobierno anunciara los recortes de gasto en el salario de los funcionarios y la congelación de las pensiones para 2011, entre otras medidas de austeridad. En total, este nuevo esfuerzo tendría que suponer unos 15.000 millones, 5.000 de ellos en 2010 y el resto para el próximo ejercicio. Por tanto, la recomendación de este marte de Bruselas supone que en lugar de ahorrar 10.000 millones más de lo previsto en el plan de estabilidad antes de su revisión, la cifra suba a 17.500 millones.
La exigencia de que esos 7.500 millones de recorte sea asumida por las autonomías suena a entelequia, si nos atenemos a la laxitud con la que aplicaron las recomendaciones iniciales del Plan de Estabilidad. Por tanto, esta nueva llamada de atención de Bruselas suena al 'Gran Hermano',que no termina de creerse quién va a aplicar los recortes de austeridad y control de gasto necesarios en España. Todo parece indicar que en septiembre acecha una nueva vuelta de tuerca a la política económica del Gobierno.