El Ejecutivo comunitario, que ya ha enviado advertencias a España por el mismo motivo, considera que la legislación española en materia de impuestos de sucesiones y donaciones "impone una mayor carga fiscal sobre los no residentes y los activos radicados en el extranjero", según explicó en un comunicado.
La Comisión aclara que en España este tipo de impuestos se regula a escala nacional y también en las comunidades autónomas, y destaca que en la práctica la legislación de las autonomías impone una carga fiscal mucho más baja sobre el contribuyente que la de la legislación del Estado.
Este planteamiento genera problemas cuando la donación o sucesión no entra en el ámbito de competencia de las comunidades autónomas (por ejemplo, cuando los destinatarios residen en el extranjero o los bienes que se donan están fuera de España), ya que entonces se aplica únicamente la legislación del Estado y los contribuyentes tienen que pagar más impuestos.
La Comisión ha decidido ahora enviar un "dictamen motivado complementario" -un paso que muy rara vez da Bruselas- para insistir sobre esta cuestión antes de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Medicamentos
Por si fuera poco, también tiene reproches para la política sanitaria, en concreto los medicamentos. La Comisión Europea ha decidido denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por negar a los pensionistas de otros Estados miembros que residen temporalmente en territorio español el acceso a medicamentos gratuitos.
Bruselas cree que las normas españolas no se ajustan a la legislación de la UE, ya que discriminan a los jubilados de otros países de la UE.
En virtud de la legislación sobre seguridad social de la UE, los titulares de pensiones que residen temporalmente en otro Estado miembro pueden utilizar su Tarjeta Sanitaria Europea para recibir la asistencia que necesiten en las mismas condiciones que los pensionistas cubiertos por el régimen del Estado miembro visitado.
Según la legislación española, los pensionistas tienen derecho a la gratuidad de los medicamentos. Por esta razón, el Ejecutivo comunitario sostiene que los jubilados de otros Estados miembros deberían también tener acceso a medicamentos gratuitos cuando residan temporalmente en España.
Sin embargo, las autoridades españolas niegan los medicamentos gratis a los titulares de pensiones de la UE alegando que la Tarjeta Sanitaria Europea no indica que son pensionistas.
España exige a estas personas que presenten un certificado suplementario expedido por sus servicios nacionales de seguridad social que acredite en español que el interesado percibe una pensión estatal.
En opinión de la Comisión, ello vulnera la normativa comunitaria y" discrimina a los pensionistas de la UE que residen temporalmente en España".
"Además, la exigencia de presentar ese certificado suplementario contradice la finalidad de la Tarjeta Sanitaria Europea, que es simplificar los procedimientos y reducir las formalidades para las personas aseguradas que necesitan atención sanitaria durante una estancia temporal en otro Estado miembro", sostiene Bruselas.
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