El Comité se muestra preocupado por la reducción de los niveles de protección de los derechos consagrados en el Pacto que España se comprometió a promover.
En concreto, el informe (
que pueden ver de forma íntegra pinchando aquí) hace alusión a las recetas anticrisis de
Mariano Rajoy asegurando que están "perjudicando de forma proporcionada al disfrute de sus derechos por las personas y los grupos más desfavorecidos y marginados".
Las medidas de austeridad chocan con la defensa de los derechos del Pacto en varios ámbitos en los que el Comité presenta recomendaciones:
- Eliminar disparidades entre autonomías en términos de inversión social y distribución de recortes.
- Evitar "cualquier retroceso en materia de protección de los derechos laborales de los trabajadores".
- Recomienda "vigorosamente al Estado parte que adopte e implemente un nuevo programa nacional de lucha integral contra la pobreza".
- Critica que mientras "uno de cada cuatro menores de edad vive actualmente por debajo del umbral de pobreza, las prestaciones económicas a las familias hayan sido severamente restringidas o incluso, eliminadas, como en el caso de la prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de un hijo".
- Critica la congelación del salario mínimo interprofesional desde 2011 que "no permite un nivel de vida digno".
- Advierte de que no es acorde al Pacto limitar el acceso a la sanidad a las personas que residen en el Estado "cualquiera sea su situación legal".
- Recomienda la revisión de las pensiones contributivas y no contributivas, para garantizar un nivel de vida adecuado en tiempos de crisis.
- Recomienda que legisle sobre la dación en pago de la vivienda para que esta opción "no dependa únicamente de la discrecionalidad de las entidades bancarias".
- Critica que la educación ha sido uno de los sectores más afectados por los recortes y se muestra "preocupado por las medidas regresivas" de aumento de tasas universitarias.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el quinto informe periódico de España sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales e hizo públicas sus conclusiones el 6 de junio, instando al Estado a dar "amplia difusión a las presentes observaciones finales en todos los niveles de la sociedad, en particular entre los agentes estatales, los jueces y las organizaciones de la sociedad civil". Sin embargo, no ha comenzado a circular y ser comentado por internet hasta este lunes.