La probable financiación ilegal del PP valenciano

Todavía se sigue debatiendo sobre cómo rehabilitar a Francisco Camps, políticamente, una vez que quedó absuelto por el jurado popular en el "caso de los trajes" que habría recibido de la trama Gurtel a cambio de contratos, una sospecha que, según los miembros del jurado, no habría llegado a demostrarse en el proceso..  También se siguen revelando datos nuevos de las comprometedoras relaciones de Camps con Urdangarín y sus negocios:  Según cuenta este lunes el diario El Mundo, Camps dio a Noos los Juegos Europeos, unas olimpiadas a nivel continental, pese al veto del Comité Olímpico Internacional, y le adjudicó a dedo seis millones de euros pese a que  el vicepresidente del COI había tildado de imposibles tales Juegos.  Camps había declarado que esos Juegos Europeos constituían, en su opinión, no una utopía, sino un sueño, algo palpable. En aquella ocasión, el marido de la infanta Cristina señaló que tomaba la organización de aquellos Juegos imposibles como un reto personal, destacando el reto de englobar a todos los estados europeos...

Pues bien, sin apenas una pausa, ya vuelven las informaciones sobre la causa que podría obligar a regresar al banquillo al expresidente valenciano, aunque de momento, ni siquiera se le menciona ante esta nueva causa que estudian los jueces: la financiación irregular del PP valenciano, ni más ni menos. Relata este lunes el diario El País que el juez instructor, José Ceres, del tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, vienen investigando desde mayo esa eventual financiación irregular del PP autonómico, y que el referido juez ha requerido al Partido Popular, tanto en Valencia como en Madrid, para que aporte informes sobre el funcionamiento de sus cuentas y sobre quién ha sido responsable y ha intervenido en la contabilidad del partido en la Comunidad Valenciana. En concreto, la contabilidad derivada de las campañas electorales de 2007, autonómicas, y de las generales de 2008. Según la misma crónica, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha recibido un informe de la Unidad de Delitos económicos y Fiscales de la Policía,en el que se ratifica el sistema que utilizaba la Trama Gurtel y que, en efecto, constata una supuesta financiación ilegal del PP valenciano. Este informe detalla la manera en la que Ramón Blanco, asesor fiscal de Francisco Correa, cabecilla de la trama de comisionistas, manejaba sociedades y cuentas. La documentación refleja la doble contabilidad en la sociedad de Gurtel, Orange Market, creó en Valencia: Una contabilidad integrada por las cuentas "visibles", y la denominada cuenta B, u oculta.

El informe fue encargado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, antes de que la competencia de la instrucción del caso volviera a la Audiencia Nacional. Este documento expone cómo aparecen, en la referida contabilidad, unas cantidades pendientes de cobro, que eran generadoras de una deuda a favor de la sociedad. La brigada de blanqueo de capitales añade que las formas utilizadas para incorporar a la caja esos fondos de la "deuda B", de manera que, posteriormente, pudieran ser utilizadas. Se describen cuatro de tales formas: enmascarando los pendientes de pago dentro de otras facturas, realizando cambios de facturas al alza o a la baja en la base imponible, con facturas a otras empresas de la trama, o incluyendo en la contabilidad facturas con la intención de reducir el saldo de pérdidas y ganancias, y así optar a la devolución del IVA...  Orange Market cambiaba el concepto de las facturas a conveniencia para no mostrar el origen real de los fondos, se´gun describe el informe policial remitido al juez Ruz. Pone el ejemplo de una factura emitida al PP valenciano y que se transforma en otra emitida a Enrique Ortiz, que es la pagadora real del acto del partido. Otro ejemplo: el de una factura emitida al PP de Castellón que se cambia por otra emitida a Facsa, que es la que desembolsa el evento del partido.  Estas dos empresas, junto a otras siete, forman parte de la causa de financiación ilegal que investiga el TSJCV, causa en la que también está imputada la cúpula del PP valenciano, acusadas de un delito electoral que incluye la financiación ilegal por las prácticas detectadas en las dos campañas mencionadas, autonómicas de 2007 y generales de 2008.

En todo este juego de facturas, tiene un particular protagonismo Ramón Blanco Balín, a quien la policía considera pieza clave del engranaje de la organización, y quien se acabó convirtiendo en el cerebro jurídico de la trama, con control directo de las estructuras y posiciones bancarias, incluso participando en algunos negocios.  Según el informe policial, Blanco dinamiza las estructuras mediante la liquidación de algunas sociedades y la constitución de otras nuevas, el cierre de cuentas bancarias y la apertura de nuevas posiciones en otros países o la utilización de nuevos canales de circulación de dinero. Blanco Balín era "el auténtico hombre de confianza de Correa", se asegura. Según parece,  y se deduce del reportaje de El País, el magistrado espera los datos que ha reclamado para determinar con precisión quiénes están involucrados en la causa por el posible endoso de facturas a empresarios que habrían abonado los servicios realizados por la trama al PP valenciano. De momento, está imputados quienes conformaron la cúpula del PP valenciano en los años 2007 y 2008, así como el tesorero nacional, Luis Bárcenas, y varios miembros de la Trama Gurtel. ¿Camps?

Era el presidente de la Generalitat y del PP valencianos. Pero, de momento, ni se le cita siquiera, aunque sí aparecen los coordinadores y planificadores de los actos de la campaña electoral, Ricardo Costa, David Serra, Yolanda García y Vicente Rambla... Habrá otros capítulos de la nueva causa.