Observadores y seguridad

En este tiempo, en el que el mundo libre es desafiado y agredido por el reto monstruoso de un fanatismo retrógrado ante cuyas amenazas los expertos comienzan a tomar en consideración los riesgos de un terrorismo nuclear, toma máxima importancia la política de seguridad. El reforzamiento de los sistemas de defensa en España y en el conjunto de Europa tropieza, entre nosotros, con graves contradicciones. Existe un pacto contra el terrorismo yidahista que ha sido firmado por todos los partidos con presencia parlamentaria excepto por una franquicia bolivariana. Para este grupo se ha habilitado en dicho pacto un asiento a título de observador, lo que constituye una conculcación del espíritu del pacto.

La condición de observador se comprende como una antesala para entidades que, por alguna razón temporal, no reúnen los requisitos necesarios para integrarse de pleno derecho y en igualdad con los restantes miembros del pacto. Se permanece en dicha condición en tanto que no se superan algunos requisitos formales, pero se tiene en cuenta la voluntad de participación en la esencia del pacto. No son estas las circunstancias de Podemos, cuyo recurso a la condición de observador no es el de una concurrencia aplazada sino una reserva negativa contra el espíritu del pacto, procedente de otros compromisos ideológicos o internacionales que condicionan sospechosamente a dicha agrupación. No se suscribe el pacto porque no se quiere, o no se puede, asumir el compromiso que comporta.

En este caso, la condición de observador no es una aportación positiva sino un agujero en la coraza del pacto desde el que contemplar sus fallos o problemas. Un agujero que solo beneficia a los potenciales enemigos contra los que se constituye dicho pacto. El apoyo del frustrado candidato Julio Rodríguez, experimentado en escapatorias de piratas, a la posición negativa de Podemos en relación al pacto antiyihadista demuestra que no se trata de una postura inocente sino calculada, desde un punto de vista militar contrario al mantenido por España y sus aliados frente al enemigo de nuestra seguridad.

En un segundo escalón, la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por mayoría del PP en la pasada legislatura, ha sido puesta en cuestión por el acuerdo firmado entre Ciudadanos y PSOE que parecen desconfiar de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado abusen de sus atribuciones. También forma parte de dicho acuerdo la derogación de la prisión permanente revisable para que los terroristas permanezcan en la cárcel hasta que dejen de constituir un peligro para la seguridad pública.

Es cierto que, tras cada atentado sangriento, como los que suceden en distintas latitudes, los líderes del PSOE y Ciudadanos se apresuran a condenarlos. No sería imaginable otra cosa en gentes pacíficas. Pero resulta contradictoria su condena con su oposición a cada medida de reforzamiento del sistema de seguridad. Las condenas verbales son fáciles de hacer pero se contradicen con la retórica de oposición a cualquier medida efectiva en la guerra sin cuartel que el llamado Estado Islámico tiene declarada al mundo libre.

Ese mundo contempla perplejo la sensación de comunidad vulnerable y dividida que está dando Bélgica en el corazón de Europa. Como corrección se propone una mejor coordinación entre las distintas naciones de la Unión. Pero uno de los factores que dificulta la confianza recíproca es la existencia en el interior de los órganos políticos de presuntos observadores no comprometidos con la finalidad esencial de los sistemas de defensa. Este factor se agrava si, como Podemos pretende en España, quienes disfrutan indebidamente de la condición de observadores pasasen a convertirse en elementos ejecutivos de gobierno. Su objetivo no deja lugar a dudas. Desde un principio dicho partido manifiesta deseos de ocupar puestos en un hipotético gobierno “de cambio”. En retroceso estas aspiraciones de tal grupo sospechoso de relaciones y financiaciones exteriores, fue dando la impresión de proponer “independientes” para introducir bajo tal título a elementos no comprometidos con la seguridad común, bajo cobertura de títulos de generales o magistrados en retiro. Se perciben más interesados por este tipo de intrusos que por promotores del cambio social o económico. Sus indisimulables deseos de entrometerse en la política de defensa de un Estado de la Alianza Atlántica están tan claros que, para no verlo, hay que ser muy tonto o traidor.

En sus experimentos de jugar con los peones de la defensa al nivel municipal que les es asequible sirve, como caricatura, el ejemplo de la alcaldesa de Madrid promovida por Podemos y de condición exjudicial. Su intención inmediata de degenerar a la policía municipal en cuanto tal y convertirla en una especie de asistencia social de barrio con agentes, a ser posible, más bajitos de talla, es un síntoma de lo que se les ocurre en cuanto tropiezan con un uniforme. Debilitar cualquier aparato de defensa es el objetivo de quienes quieren eliminar obstáculos para asaltar el castillo, en beneficio propio y de sus patrocinadores externos. Se trata de la peor amenaza política interna que ha tenido el sistema constitucional español desde su proclamación. Por todo ello es inaceptable cualquier pacto que ofrezca opciones de gobierno a la casta de los “observadores”