La ruptura unilateral del cumplimiento de los servicios mínimos por parte de los sindicatos de Metro ha terminado por sumir a Madrid en un auténtico caos circulatorio. Los responsables sindicales anunciaron en la noche del lunes la ‘huelga total’ y salvaje que realizarían el martes y el miércoles de esta semana. Su misiva ha sido secundada por todos los maquinistas y trabajadores del Metro de Madrid, impidiendo el desplazamiento de cerca de dos millones de usuarios y el colapso total del tráfico en la capital española. EMT, RENFE, y diversos servicios de transporte públicos se han visto desbordados por la huelga producida en el suburbano.
En la tarde del martes, la Policía Nacional trató de reactivar el servicio de la línea 8 del Metro –especialmente importante por su enlace con las terminales del aeropuerto de Barajas–, a instancias de la Delegación del Gobierno de Madrid y del propio Ministerio del Interior, tras el apoyo ‘ex profeso’ de Rubalbacaba. Sin embargo, los agentes se encontraron que no había maquinistas para realizar el servicio, posiblemente influenciados por los ‘piquetes’ informativos que se han centrado en el aeropuerto ante la relevancia del mismo.
Por otra parte, Esperanza Aguirre, presidente de la Comunidad de Madrid, declaró que no iba a aceptar el “chantaje” de los sindicatos por mucho que “puedan paralizar Madrid”. Además, la Comunidad ha anunciado que pondrá a disposición de los ciudadanos los buses nocturnos, planteándose contratar buses privados a partir del jueves para paliar la huelga del suburbano si la situación se mantiene de forma indefinida y sin servicios mínimos.
“No está siendo salvaje”
Por su parte, el representante de CCOO en Metro de Madrid, Ignacio Arribas, afirmó este lunes que la huelga en el suburbano "no está siendo salvaje" mientras destacó que los trabajadores están acogiéndose al "derecho constitucional" de ponerse en huelga. Además, advirtió de que la jornada de mañana miércoles "será en los mismos términos que los de hoy". El artículo 28.2 de la Constitución Española reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores “para la defensa de sus intereses”, indicando que la ley que regule este derecho asegurará las garantías precisas “para el mantenimiento de los servicios esenciales”, algo que no ha ocurrido en esta ocasión.
Asimismo, los secretarios generales de CCOO y UGT Toxo y Méndez responsabilizaron a la Comunidad de Madrid de la paralización del servicio por "provocar el conflicto e imponer servicios mínimos abusivos", una situación de la que las administraciones, en su opinión, deben "extraer una enseñanza" ante la huelga general del 29 de septiembre.
Los motivos de los trabajadores
Los motivos que esgrimen los sindicatos del suburbano –UGT, CCOO, Solidaridad Obrera, Sindicatos de Conductores, Sindicatos de Estaciones y Sindicato Libre, y que representan a 7.500 trabajadores- para asistir al derecho a la huelga convocada en Asamblea el pasado 21 de junio e incumplir los servicios mínimos, es la reducción por parte de la Comunidad de Madrid del 5% del sueldo de los trabajadores de las empresas públicas. En el caso de Metro no se trata de funcionarios y el recorte al que se llegó tras las últimas negociaciones con el gobierno de Aguirre sería progresivo, comenzando en 2010 por una bajada del 2,15%.
Esta situación tampoco fue aceptada por los sindicatos, quienes exigen que se cumplan las medidas del pacto aprobado en 2009, y que tiene una vigencia de cuatro años hasta 2010. Los trabajadores del Metro de Madrid que más cobran perciben unos 38.000 euros brutos anuales y los que menos, 26.500 euros brutos anuales, lo que podría suponer una reducción de unos 150 euros al mes en el caso de los que más cobran.
La Comunidad ya ha anunciado que está tramitando los expedientes sancionadores a todos los trabajadores que no han cumplido los servicios mínimos del 50% impuestos por el propio gobierno de Esperanza Aguirre. Mientras tanto, los ciudadanos piensan cómo solucionar el desplazamiento en el día de mañana [miércoles], donde se espera que continúe la huelga total, una situación que podría empeorar tras la amenaza de los sindicatos en hacer indefinido el parón en caso de no llegar a un acuerdo.
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