El Parlamento Europeo votó ayer miércoles a favor de remitir el polémico pacto de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El objetivo de esta medida es que los magistrados revisen si el texto es compatible con los tratados fundamentales de la Unión.
Supuso la paralización efectiva del acuerdo hasta que exista un pronunciamiento judicial. El dictamen de los jueces podría demorarse hasta 2 años, lo que retrasaría la entrada en vigor del mayor pacto comercial en la historia de la Unión, que se firmó el sábado tras 25 años de diálogos.
¿Respeta la legalidad?
La moción salió adelante en la Eurocámara con un margen estrecho de 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. El documento aprobado cuestionó formalmente si el acuerdo respeta la legalidad de los tratados de la Unión. Mercosur es el bloque económico sudamericano compuesto por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, con Bolivia en fase de adhesión.
Esta alianza nació en 1991 para crear un mercado común y fortalecer la posición de sus integrantes frente a potencias globales. Para el continente europeo, este bloque representa una potencia agrícola capaz de introducir productos a menor coste y con normativas menos estrictas.
El pacto comercial buscaba eliminar aranceles y abrir mercados en ambas regiones. La industria europea pretendía mejorar el acceso para sectores como la automoción o la maquinaria, mientras que Mercosur obtenía una vía privilegiada para exportar carne de vacuno, azúcar, arroz o soja. Aunque el texto incluyó compromisos sociales y medioambientales, estos se formularon de manera genérica. La controversia principal radicó en que el acuerdo carecía de mecanismos de control equivalentes a los que se exigen a los productores locales europeos, generando una asimetría regulatoria.
Los agricultores, con cautela
Las organizaciones agrarias mantienen sus movilizaciones contra el entendimiento entre ambos bloques. Andoni García, portavoz de la ejecutiva de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), afirmó que acudir al Tribunal de Justicia es una "buena noticia", aunque aclaró que los productores "no se fían del todo".
García recordó que en 2024 ya se movilizaron y que, a pesar de que "primero dijeron que se paralizaba", el proyecto salió adelante posteriormente. Los agricultores sostuvieron que este pacto perjudica gravemente a sectores como la miel, los cítricos, el arroz y la ganadería de vacuno o aviar.
Desde el sector primario se defendió que el pacto sustituirá una "producción sana y sostenible" por otras de "larga distancia". Según los representantes agrarios, "el consumidor sale perdiendo" con este modelo, ya que se ve afectada la calidad de la alimentación y la lucha contra el cambio climático. Asimismo, denunciaron que la implementación del acuerdo reduciría la capacidad de soberanía alimentaria de la Unión.
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