Las administraciones públicas han cerrado el año 2020 con un déficit del 10,09% del PIB, lo que supone 113.172 millones de euros, excluida la ayuda financiera. Estas cifras reflejan el impacto de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, que ha elevado el gasto para combatir esta emergencia sanitaria. Si se incluye la ayuda financiera, el déficit se eleva hasta los 123.072 millones, el 10,97% del PIB, debido a la reclasificación de SAREB ordenada por Eurostat, que supone un impacto de 9.891 millones y computa en este apartado.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que este incremento de déficit es inferior a la previsión del Gobierno (11,3%) incluida en el Plan Presupuestario o a la estimación realizada por organismos como el FMI (11,7%) y la Comisión Europea (12,2%).
En este contexto, se ha producido un descenso de los ingresos en términos de contabilidad nacional del 5%, lo que supone 24.487 millones menos en las arcas públicas. Sin embargo, a diferencia de crisis anteriores, en esta ocasión los ingresos de la Agencia Tributaria en términos de caja han caído menos (8,8%) que el PIB nominal (9,9%). El gasto público ha aumentado un 10,1%, lo que implica un aumento de 53.070 millones respecto a 2019.
Montero ha subrayado que "los datos de Hacienda muestran el compromiso histórico del Estado para mitigar la crisis, ya que casi 9 de cada 10 euros de incremento del gasto público, excluida la ayuda financiera, se han destinado a medidas específicas para proteger las rentas de trabajadores, autónomos y al tejido productivo".
De hecho, de los 53.070 millones de incremento del gasto público, excluida la ayuda financiera, un 85% de esa cifra, (44.907 millones) es gasto consolidado derivado de la COVID-19 relativo a medidas aprobadas específicamente para amortiguar los efectos socioeconómicos de la pandemia (refuerzo sanitario y educativo, ERTEs, ceses de actividad, incapacidad temporal, etc.).
La Administración Central ha pagado o financiado a través de transferencias a otras administraciones el 90% del gasto público ligado a la COVID, hasta 40.443 millones para combatir los efectos sanitarios y sociales de la pandemia. El resto del incremento del gasto se debe al juego de los estabilizadores automáticos, como por ejemplo, el aumento de las prestaciones ordinarias de desempleo.
Otro importante elemento que ha supuesto un aumento de gasto es la reclasificación de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), creada en 2012, para incluirla en el sector de las Administraciones Públicas. En concreto, se incorpora en el subsector Administración Central, con un impacto en el déficit de 9.891 millones correspondiente al valor a finales de 2020 de su patrimonio negativo.
Hasta la fecha esta sociedad estaba incluida en el sector sociedades financieras. Esta reclasificación se produce por decisión de Eurostat de acuerdo con lo establecido en el sistema metodológico SEC 2010 respecto a este tipo de organismos de reestructuración creados con motivo de la crisis financiera o bancaria. Esta operación con un impacto de 9.891 millones se incluye en el saldo de la ayuda financiera, con un total a finales de 2020 de 9.900 millones.
Por subsectores, la Administración Central cierra con un déficit de 84.051 millones (7,49% del PIB) sin contar las ayudas financieras (ni el impacto de la SAREB ya mencionado); las comunidades autónomas registran un déficit de 2.306 millones (0,21% del PIB); las entidades locales alcanzan un superávit de 2.870 millones (0,26% del PIB); y los Fondos de la Seguridad Social un déficit de 29.685 millones (2,65% del PIB).
Los ingresos cayeron un 5% en 2020
En el lado de los recursos, en términos de contabilidad nacional, los ingresos han disminuido un 5% (24.487 millones) debido fundamentalmente a los menores ingresos fiscales (21.674 millones). Esta caída se concentra en los impuestos sobre la producción y las importaciones (-11,8%), que recoge el descenso en la recaudación de tributos como el IVA y los Impuestos Especiales (-12,8%, en ambos casos) directamente relacionada con la disminución de la actividad económica.
Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio también se han visto afectados con el impacto de la crisis habiendo disminuido su recaudación un 3%. Más significativa es la disminución registrada en el Impuesto de Sociedades (-12,7%).
Si se analizan los ingresos tributarios en términos de caja, los datos de recaudación impositiva de la Agencia Tributaria muestran un descenso del 8,8% hasta situarse en los 194.051 millones. Se trata de un retroceso inferior al del PIB nominal (9,9%), lo que demuestra que el sistema fiscal ha resistido mejor que la economía a diferencia de lo que ocurrió en crisis anteriores como la de 2008, cuando los desplomes de los ingresos fiscales eran superiores al retroceso económico.
Cabe destacar el comportamiento del IRPF, único impuesto que registra un comportamiento positivo con un incremento del 1,2% en los ingresos hasta alcanzar los 87.972 millones. Esta evolución se debe a la protección del empleo mediante los ERTE. Además, la subida de las pensiones y del sueldo de los empleados públicos ha permitido que la recaudación de esta figura tributaria resista mejor la crisis.
El IVA retrocedió un 11,5% hasta los 63.337 millones con motivo de la caída del consumo por la menor actividad económica. Un comportamiento similar ha tenido los Impuestos Especiales con un retroceso del 12,1% hasta los 18.790 millones. El Impuesto sobre Sociedades ha registrado la mayor caída de la recaudación al aportar solo 15.858 millones, lo que supone un descenso del 33,2%, aunque el Gobierno ha señalado que este comportamiento no obedece solo a los menores beneficios empresariales por culpa de la pandemia, sino que también está relacionado con las mayores devoluciones que se produjeron en 2020. Por tanto, si solo se tuvieran en cuenta los beneficios empresariales, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades habría caído en torno al 23%, diez puntos menos.
Aumento del 10% del gasto debido a la emergencia sanitaria y social
El gasto se ha incrementado un 10,1% (sin incluir la ayuda financiera), y se ha destinado principalmente a las siguientes partidas: remuneración de asalariados (4,5%), subvenciones (71%), prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie (15,9%) y resto de empleos (52,3%).
La evolución de la remuneración de asalariados se explica por la subida salarial a los empleados públicos del 2% derivado, así como por el último tramo de la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos autonómicos y a la paga extraordinaria a personal sanitario concedida por algunas comunidades, junto con el aumento de efectivos contratados en los ámbitos de educación y sanidad.
El incremento de las subvenciones se debe a las exoneraciones de cuotas asociados a los ERTE y a la prestación extraordinaria de cese de actividad de autónomos, así como a las bonificaciones de cuotas en sectores de comercio, turismo y hostelería vinculados a la actividad turística, en lugar de registrase como menor ingresos por cotizaciones.
Del incremento por 31.276 millones que han experimentado las prestaciones sociales, 21.520 corresponden a prestaciones directamente asociadas a medidas COVID: los ERTE y demás subsidios de desempleo relacionados con la pandemia, prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos y prestación de incapacidad temporal por periodos de aislamiento.
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