Los sindicatos franceses han iniciado este jueves la duodécima jornada de protestas contra la reforma de las pensiones del Gobierno de Emmanuel Macron que eleva la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años, en la víspera del dictamen del Consejo Constitucional, que se prevé crucial para el futuro de la ley y de la protesta.
Hay manifestaciones en todo el país, pero se prevé que la más masiva sea la de París. Las autoridades esperan entre 400.000 y 600.000 personas en las calles, frente a las 570.000 del 6 de abril y las 740.000 del 28 de marzo.
La huelga coincide con la divulgación de un nuevo sondeo que señala que un 62% de los franceses respalda las movilizaciones a pesar de alargarse desde hace 3 meses. Además, indica que la ultraderechista Marine Le Pen es la que sale más reforzada de esta crisis.
Decenas de trabajadores franceses que protestaban contra la reforma de las pensiones inundaron la sede parisina del grupo de lujo LVMH, pidiendo que los ricos contribuyan más a financiar las pensiones del Estado.
"Si buscan dinero para financiar las pensiones, cójanlo de los bolsillos de los multimillonarios", ha señalado Fabien Villedieu, representante del sindicato Sud Rail, subrayando que la protesta era "simbólica y pacífica".
Momentos después los manifestantes han intentado llegar al Consejo Constitucional, bloqueado por la policía. A esta hora en la capital gala se han efectuado 2.240 controles, que se han saldado con 10 detenciones, según ha anunciado la prefectura de policía. Además de haber sido requisadas bolsas con adoquines y botellas.
"Lucha sindical, lejos de estar terminada"
Los líderes de los sindicatos franceses han advertido este jueves de que su acción contra la reforma continuará sea cual sea el dictamen del Consejo Constitucional.
"La lucha sindical está lejos de estar terminada", ha afirmado el secretario general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), Laurent Berger, en declaraciones a la prensa al comienzo de la manifestación en París.
Berger se ha mostrado convencido de que "la batalla de la opinión, la batalla del mundo del trabajo, la hemos ganado" en los casi 3 meses de movilizaciones contra una reforma cuyo eje principal es el retraso de la edad mínima de jubilación de los 62 años actuales a 64.
La secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT, segundo sindicato de Francia), Sophie Binet, también ha avisado de que "este no es el último día de movilizaciones, nos veremos mucho más", desde la incineradora de Ivry-sur-Seine, cerca de París, bloqueada de nuevo por los manifestantes y ha hecho un llamamiento a Macron para que no promulgue la ley porque, si lo hace, "no podrá dirigir el país".
A juicio de Binet, el texto "no saldrá indemne" de la evaluación del Consejo Constitucional, al que ha pedido que emita una decisión jurídica, que en ese caso tendría que "sancionar" su contenido.
Tres meses de movilizaciones
Las manifestaciones de los sectores de la población que se oponen a la reforma de las pensiones llevan 3 meses copando los titulares en el país galo. Desde que el Gobierno Macron anunció la ley y, posteriormente, la aprobó a través del artículo 49.3, un mecanismo que esquiva el voto en la Asamblea Nacional francesa, donde su formación carece de mayoría necesaria, las protestas, los enfrentamientos y los disturbios han ido en aumento.
La última jornada de protestas se saldó con numerosos incidentes en varias ciudades. Por ejemplo en París se registraron quemas de coches, destrozo de mobiliario urbano y ataques a sucursales bancarias. A lo que los agentes respondieron con gases lacrimógenos contra algunos de los asistentes, que les lanzaron piedras, botellas y pintura.
Este jueves en Rennes ya se han visto coches ardiendo y carreteras y vías férreas bloqueadas en otras como Marsella.
¿Futuro de la reforma?
Tras la aprobación de la ley el 20 de marzo, la decisión del Consejo Constitucional es el último paso antes de la promulgación y entrada en vigor del texto, que el presidente Macron desea para finales de año.
Parece poco probable que el Consejo, encargado de comprobar la conformidad de las leyes con la Constitución, anule toda la reforma. Pero los "Sabios" podrían reformar la ley de forma más o menos sustancial y reforzar los argumentos del grupo intersindical a favor de una retirada o suspensión de la reforma.
El Consejo debe pronunciarse también sobre la admisibilidad de un referéndum de iniciativa compartida solicitado por la oposición de izquierdas, procedimiento que requeriría 4,87 millones de firmas para permitir una consulta sobre el texto. Una eventual validación podría dar a los opositores a la reforma un nuevo impulso, que necesitan en un momento en que amenaza la lasitud.
Francia es uno de los países europeos con la edad de jubilación más baja, aunque los sistemas no son totalmente comparables. Los detractores de la reforma la consideran "injusta", sobre todo para las mujeres y los empleados en trabajos penosos
El ejecutivo justifica el proyecto por la necesidad de responder al deterioro financiero de los fondos de pensiones y al envejecimiento de la población.
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