Un jurado popular determinó este miércoles que la organización ecologista Greenpeace deberá abonar cientos de millones de dólares en daños y perjuicios a la empresa Energy Transfer (ET) por su papel en las protestas contra la construcción de un oleoducto que derivaron en actos de vandalismo.
El jurado declaró a Greenpeace responsable de difamación y otras demandas presentadas por Energy Transfer (ET), que acusó a la organización de instigar las manifestaciones de la tribu sioux de Standing Rock en 2016 contra el oleoducto Dakota Access, en el norte de Estados Unidos.
Las protestas, que retrasaron el proyecto y aumentaron sus costos, fueron objeto de una demanda en la que ET reclamaba 300 millones de dólares (aproximadamente 287 millones de euros).
Greenpeace, por su parte, negó las acusaciones, argumentando que solo apoyó las protestas y no era responsable de las mismas.
El juicio y las acusaciones
El jurado, compuesto por 9 personas, llegó a su veredicto tras 2 días de deliberaciones en un tribunal de Dakota del Norte. El juicio, que duró casi un mes, incluyó a las entidades Greenpeace International, Greenpeace Inc. y Greenpeace Fund como demandadas. Energy Transfer, con sede en Dallas (Texas), presentó su caso argumentando que Greenpeace había explotado las protestas para promover su propia agenda.
Según el diario 'The New York Times', Kelcy Warren, cofundador y presidente de la junta directiva de ET, afirmó en un video proyectado durante los argumentos finales que los manifestantes crearon "una narrativa totalmente falsa". Warren, uno de los mayores donantes en la última campaña presidencial de Donald Trump, insistió en que las protestas se basaron en información errónea.
Los abogados de ET, entre ellos Trey Cox, declararon durante el juicio que "Greenpeace tomó un asunto local pequeño y desorganizado y lo explotó para cerrar el oleoducto y promover su propia agenda egoísta".
Greenpeace denuncia ser víctima de una 'SLAPP'
El caso ha sido denunciado como un ejemplo más de 'SLAPP', es decir, una "demanda estratégica contra la participación pública", que es cuando corporaciones, políticos y otros grupos poderosos intimidan a activistas, opositores o periodistas, como se acusa a las organizaciones ultras Abogados Cristianos, Manos Limpias o Hazte Oír, que se querellan contra cualquier medio o humorista por hacer bromas sobre religión, entre otros temas.
Greenpeace, en un post en redes sociales, afirmó que Energy Transfer "ha utilizado el sistema legal estadounidense como arma para intentar silenciarnos en un momento en que nuestras voces son más necesarias".
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