La nueva ley de inmigración británica niega el asilo y la ciudadanía a los migrantes ilegales deportados

El gobierno británico ha anunciado una nueva ley de migración irregular que prohibirá pedir asilo a las personas que lleguen por el Canal de La Mancha y que mantiene las deportaciones a Ruanda.

Este plan contempla la deportación de los migrantes que lleguen a través del Canal de La Mancha a lo que el Gobierno califica como "países seguros", como Ruanda. Además, se les prohibirá regresar al Reino Unido y no podrán solicitar asilo ni la ciudadanía británica.

En concreto, la ministra del Interior, Suella Braverman, ha presentado este martes un proyecto de ley que otorgará al Gobierno nuevos poderes para "frenar la llegada de pateras" que alcanzan el Reino Unido.

🗣️ “Enough is enough. We must stop the boats.”@SuellaBraverman, The Home Secretary. pic.twitter.com/Ni4nhuh44b

— Home Office (@ukhomeoffice) March 7, 2023

La nueva legislación, que deberá cursar los trámites parlamentarios pertinentes antes de ser aprobada, prohibirá que aquellas personas que accedan ilegalmente a este país puedan solicitar el asilo político mientras están allí y vetará además su regreso al Reino Unido en un futuro.

A través de este nuevo proyecto de Ley, se le conceden al Gobierno otros poderes como los que explusar y prohibir el regreso a quienes entren en el Reino Unido por una vía legal.

Nuevos poderes para "frenar la llegada de pateras"

La nueva ley otorgará al Gobierno nuevos poderes para "frenar la llegada de pateras" que alcancen el Reino Unido "infringiendo de manera flagrante", a su juicio, la legislación nacional y la voluntad de los británicos.

En una declaración ante la Cámara de los Comunes, la titular de Interior ha recordado que hace 2 meses el primer ministro, Rishi Sunak, prometió que "cualquier persona que entrara al país ilegalmente sería detenida y expulsada con rapidez" y que esta propuesta legislativa "permitirá que esto ocurra".

Según argumentó el primer ministro en su momento, "si un Gobierno no responde ante las oleadas de llegadas ilegales que quiebran nuestras fronteras, traiciona la voluntad de los ciudadanos".

Por eso, la titular de Interior ha reconocido que la Ley, criticada ya desde varios sectores políticos y tildada de "impracticable" por el Partido Laborista (principal grupo opositor), "empujará los límites de la legislación internacional" al tiempo que ha sostenido que es "necesaria para solucionar esta crisis".

En su intervención, la ministra ha indicado que los inmigrantes ilegales "no van a dejar de venir hasta que todo el mundo sepa que si se entra en el Reino Unido de manera ilegal, serás detenido y expulsado con celeridad, a tu país, si este es seguro, o a un tercer país, como Ruanda".

Braverman ha defendido que el planteamiento es "robusto y novedoso" y ha indicado que confía en que el proyecto de ley será "compatible con las obligaciones internacionales", algo que ponen en duda las ONG de derechos humanos.También ha explicado que "se fijará un tope anual", determinado por el Parlamento, de personas a las que se les concede el estatus de refugiado.

"En los próximos años, los países desarrollados afrontarán niveles sin precedentes (de migrantes), con presiones de números incluso mayores de personas que dejan el mundo en desarrollo por lugares como el Reino Unido", ha sostenido Braverman.

Por su parte, la portavoz laborista del Interior, Yvette Cooper, ha reprochado a Braverman que la nueva ley es "un engaño que corre el riesgo de empeorar aún más el caos" y ha reclamado al Ejecutivo "medidas serias" para atajar el problema.

"This bill isn't a solution, it's a con that risks making the chaos worse"

Labour's Yvette Cooper tells the government to offer "solutions" not "slogans" on illegal migration https://t.co/1m07z8ZUNG pic.twitter.com/26tG9z1Ev0

— BBC Politics (@BBCPolitics) March 7, 2023

El pasado año, más de 45.000 personas entraron al país cruzando en botes pequeños el Canal de la Mancha, un aumento de unas 300 frente a las cifras de 2018, lo que ha añadido presión al Ejecutivo para adoptar medidas con las que atajar el problema.

Excepciones de la deportación

En virtud de los nuevos planes del Gobierno, el poder otorgado a la titular de Interior para deportar se impondrá al derecho de solicitud de asilo. De esta manera, la Ley permitirá que se efectúen detenciones sin libertad condicional ni revisiones judiciales durante los primeros 28 días y sólo los menores de 18 años y aquellas personas que padezcan condiciones médicas graves o se encuentran en riesgo de sufrir daños irreversible "quedarán exentos de ser expulsados".

Quienes sean expulsados del país ya no tendrá permitido el regreso al Reino Unido en el futuro, ni tampoco a intentar lograr la ciudadanía británica.

Si bien pasarán aún meses para que este proyecto de Ley se convierta en ley, se prevé que su aplicación se efectúe de manera retrospectiva, con lo que cualquier migrante que desde hoy mismo llegue al Reino Unido por un canal ilegal podrá ser deportado cuando la legislación entre en vigor.