TTIP: en qué consiste el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión

En el año 2013, los gobiernos de la UE dieron a la Comisión el mandato de negociar el TTIP para mejorar las relaciones comerciales y la inversión con EEUU bajo una serie de directrices.

Desde entonces, se han publicado numerosos documentos sobre el TTIP para fomentar el debate público; se han celebrado 8 rondas negociadoras con el equipo estadounidense para poner en común las propuestas de cada una de las partes. Antes y después de cada ronda de negociación, hay una reunión con el comité de seguimiento del Parlamento Europeo. Y desde ahora, además, todos los miembros del Parlamento Europeo tendrán acceso a la documentación confidencial de las negociaciones.

En estos momentos la UE y EEUU negocian para encontrar un equilibrio que concluya en un texto final de varios cientos de páginas que estará disponible de forma online. Será entonces cuando se inicie la tercera fase: una vez sometido a revisión jurídica y traducción, los Veintiocho junto al Parlamento Europeo tendrán que dar su visto bueno al acuerdo como doble garantía democrática.

Objetivos del TTIP

El TTIP será un acuerdo vinculante que eliminará los obstáculos reglamentarios al comercio y garantizará una apertura recíproca para los mercados de EEUU y la UE.

Siguiendo el mandato de los gobiernos de la UE, el TTIP tendrá que estar basado en valores comunes como la protección de los derechos humanos y la seguridad internacional; ser coherente con las normas de la OMC, y prever una liberalización recíproca de productos y servicios, entre otras cuestiones.

Además, las partes firmantes del TTIP se comprometen a no alentar "el comercio o la inversión extranjera directa mediante una suavización de la legislación y las normas internas en materia de medio ambiente, trabajo o salud y seguridad en el trabajo, ni de las normas laborales básicas ni las políticas y la legislación destinadas a proteger y promover la diversidad cultural". Sin embargo, aún persisten ciertos temores entre la ciudadanía sobre cómo afectará el TTIP a su vida diaria.

Servicios públicos y otros miedos

Uno de los aspectos que más preocupan a la ciudadanía en relación al TTIP es el relacionado con el ámbito laboral. Desde la Comisión aseguran a Diariocrítico que no se están negociando estos aspectos y por tanto el TTIP no podría en ningún caso modificar las leyes en este ámbito ni modificar asuntos relacionados con horarios, salarios o contratos. "Hay mucho mito en este tema... se cuentan muchas cosas que no son ciertas", se lamentan.

En cuanto a la pervivencia de los servicios públicos la respuesta es contundente. "La elevada calidad de los servicios públicos de la UE debe conservarse" y "los servicios prestados en el ejercicio de la autoridad pública (...) quedarán excluidos de las presentes negociaciones", especificaba ya el documento de directrices de los Gobiernos de la UE para las negociaciones del TTIP. Además, hay incluso una declaración conjunta EEUU-UE en este sentido para insistir en que el TTIP no obligará en ningún caso a la privatización de ningún servicio ni impedirá que los gobiernos ofrezcan servicios públicos prestados anteriormente por proveedores privados. "La contratación de un servicio público con proveedores privados no significa que éste se integre irreversiblemente en el sector comercial", reza el texto insistiendo en que cada administración competente decidirá libremente en cualquier momento quién debe prestar un determinado servicio.

Pero, ¿qué ocurre si los intereses de las corporaciones privadas chocasen con sectores como la educación o la sanidad pública?

"Si es una empresa privada, operando en la educación y la sanidad, tendrá las mismas condiciones que una empresa europea", explican a Diariocrítico fuentes de la Comisión Europea. “Los acuerdos comerciales que quiere firmar de ahora para adelante la CE (empezando con el de Canadá) son muy claros en este ámbito. Prevalece el Estado. Si un estado adopta una decisión por razones de orden público, de salud, medio ambiente... Es decir una decisión basada en un criterio objetivo... no se puede oponer ninguna empresa. Si una empresa las recurre, el juez del tribunal de arbitraje lo rechazaría”.

De este modo, las decisiones que sí se podrían recurrir serían las que no se basasen en un criterio objetivo y afectaran a una empresa directamente de forma discriminatoria como en un caso de expropiación sin compensación o de eliminación de licencia sin justificación alguna.

Tribunales de arbitraje, ¿degradando los controles democráticos?

Desde la Comisión Europea aseguran que en ningún caso habrá una merma democrática. Las posibles disputas en relación al TTIP serían resueltas por un sistema de tribunales públicos de arbitraje y las resoluciones serían dictadas por juristas de reconocido prestigio seleccionados por sus elevadas cualificaciones, comparables a las exigidas a los miembros de tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia y el Órgano de Apelación de la OMC.

Serían un total de 15 profesionales los que conformarán la lista pública, siendo escogidos 3 de ellos en cada caso por EEUU y la UE en función de su experiencia y teniendo en cuenta sus posibles incompatibilidades por haber estado involucrados en casos de arbitrajes como abogados.

En todo caso, todos los documentos y deliberaciones serían públicos y habría posibilidad de recurso. Este sistema de tribunales públicos de arbitraje supondría mejorar sistema existente, insisten desde la Comisión.