La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido una orden de arresto contra Vladimir Putin este viernes. La orden llega bajo la presunción de crimen de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra de Ucrania a territorio ruso. Además a CPI ha emitido también una orden de arresto, por el mismo motivo que la del presidente ruso, contra la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación Rusa, Maria Alekseievna Lvova-Belova, según han informado en un comunicado.
La corte internacional ve "motivos razonables" para creer que Putin "tiene responsabilidad penal individual" por estos delitos, bien por una comisión "directa" o por no haber podido "ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos".
Las órdenes de arresto de este viernes son los primeros cargos internacionales que se presentan desde el comienzo del conflicto y llegan después de meses de trabajo de un equipo especial de investigación comandado por el fiscal jefe del TPI, Karim Khan. Para su emisión han necesitado que un panel preliminar de jueces aceptara la validez de las pruebas que se han presentado.
Dificultad para llevarlo a cabo
La posibilidad de Putin termine sentado en un tribunal del CPI es prácticamente nula por varios motivos: la corte no puede atender casos 'in absentia' del acusado, además Rusia se retiró en 2016 del Estatuto de Roma que sirve de cimiento legal para el tribunal, y el Kremlin no va a colaborar ni va a entregar a ningún oficial ruso a la corte, como ya ha dicho en numerosas ocasiones.
Pero el TPI sí que que está capacitado, como mínimo, para imputar a Putin, dado que no reconoce la inmunidad para los jefes de Estado en casos de crímenes de guerra, crimen contra la Humanidad o genocidio.
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