La receta electrónica empeorará la calidad del sistema sanitario, según una asociación

Desde finales de marzo, cuatro farmacias de Móstoles y Arroyomolinos pondrán en práctica como proyecto piloto una receta electrónica que permitirá a los pacientes retirar, previa presentación de la tarjeta sanitaria o del DNI, el medicamento que le ha prescrito su médico. En un comunicado, la asociación manifiesta que esta iniciativa está hecha "al mejor estilo 'Lamela'" y responde a la "costumbre" del Gobierno regional "de no escuchar más que a quien le alaba y privatizar al máximo posible todo cuanto toca en el ámbito sanitario".

"Por una parte -opina- implica que el control de la cumplimentación a largo plazo del tratamiento farmacológico (una parte esencial del proceso terapéutico y fuente de innumerables problemas de salud por tomas inadecuadas o efectos adversos) pasa a depender en una parte importante del personal de las oficinas de farmacia, entidades privadas con animo de lucro y ajenas al Servicio Madrileño de Salud".
Considera además que "se aprovecha este nuevo movimiento para privatizar aún más el circuito de la organización, prescripción y dispensación del medicamento financiado públicamente".

"A partir de ahora -explica- una entidad privada y ajena al control ciudadano y parlamentario como es el Colegio Oficial de Farmacéuticos, es la única responsable de recibir toda las recetas prescritas en el sistema público y facturarlas al Servicio Madrileño de Salud, convirtiéndose de esta manera, según las propias palabras del señor Lamela, en el único interlocutor a este respecto con la Consejería de Sanidad".

Para la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, supone también "un grave riesgo de perdida de confidencialidad de los datos de los pacientes atendidos por el sistema público que van a ser cedidos y manejados de manera centralizada en una única 'megabase' de datos de farmacia por una entidad privada".

Asimismo, denuncia que esta "supone un nuevo despilfarro de otras decenas de millones de euros por parte del Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid que de seguro también han ido a manos privadas a través de 'diseños' de programas e 'infraestructura externa' contratada a diversas consultorías".