Por si alguien tenía alguna duda, ETA ha reivindicado en su último comunicado, dado a conocer esta pasada madrugada, la “ejecución” del empresario Inaxio Altuna por su vinculación con las obras del Tren de Alta Velocidad que se realizan en el País Vasco y por negarse a pagar el mal denominado “impuesto revolucionario”.
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ETA se permite recordar que ya advirtió de que los responsables de este proyecto ferroviario estaban en bajo su “diana” y en extender sus amenazas a todos aquellos profesionales que tienen que ver con la construcción de esta infraestructura.
En el mismo comunicado, se reivindica también el atentado que sufrieron el pasado 31 de diciembre, en Bilbao, varios medios de comunicación, entre ellos la radiotelevisión pública vasca, la EiTB, las delegaciones de Antena 3 Televisión, de los diarios El Mundo y Expansión y la emisora en la capital vizcaína de Onda Cero.
ETA considera que EiTB, siguiendo las órdenes de la dirección del PNV, ha adquirido la responsabilidad de desfigurar el conflicto que vive Euskal Herria. Del resto de medios atacados, señala que se trata de «supuestos medios de comunicación que trabajan en favor del fascismo español» y a las órdenes del «ministro de Interior de turno» en su «labor de hostigamiento contra el independentismo”.
A estas alturas, no cabe ya interpretar las acciones terroristas de ETA ni las justificaciones que hace de ellas, se interpretan por si mismas. Es de sobra sabido ya que los fines que persigue la banda con sus atentados son los de retorcer la voluntad democráticamente expresada de la sociedad vasca y atemorizar a todos aquellos que se oponen a sus objetivos, en este caso sean empresarios, medios de comunicación o periodistas.
La justificación del dolor causado no hace sino causar más dolor a las víctimas. El resto de la ciudadanía, además de solidarizarnos con quiénes sufren en carnes propias el zarpazo del terrorismo, tenemos la obligación de aferrarnos a nuestras convicciones democráticas y seguir reclamando a los poderes públicos una actuación unida, firme y decidida, con el Código Penal en la mano, para perseguir, detener y juzgar a quiénes hacen un uso criminal e ilegítimo de la violencia. La experiencia nos demuestra que no caben los atajos.
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