El presidente de la República reclamó en duros términos a la Policía y anunció drásticas sanciones dentro de la institución por la evasión del ex subsecretario de Gobierno Luis Chauvín y miembro del buró político de Pichincha de Alianza País, acusado por la Fiscalía de mantener negocios con los hermanos Ostaiza, a quienes la misma Policía señaló como cabecillas de una banda de narcotraficantes que comerciaban droga en vinculación con las FARC.
El país requiere que se establezcan todas las responsabilidades de la actuación negligente, tanto más cuanto el presidente no descartó que Chauvín tuviera contactos que permitieron evadir la captura. La promesa de ir hasta las últimas consecuencias no debe quedar en el lugar común que termina por cubrir con el manto de la impunidad un escándalo. Tampoco debería repetirse, como en otras oportunidades, que la cuerda se rompa solo por el lado más débil.
La denuncia contra Chauvín, militante de una directiva de Alianza País y de un ex abogado de la Aldhu, la cercanía del primero como colaborador de confianza en el Ministerio de Gobierno con el ex ministro Gustavo Larrea, y de este con la organización de los derechos humanos, imponen una exhaustiva explicación de los nexos del ex funcionario prófugo con la mafia del narcotráfico.
De otro lado, el caso evidencia el riesgo de que, en cualquier momento, los tentáculos del narcotráfico penetren en la actividad y las organizaciones políticas, como lo hacen en otras actividades y entre diversos actores sociales. En este sentido, la experiencia de Colombia es una patética señal de eventual riesgo también para el Ecuador.
Por ello se impone revisar y fortalecer los sistemas de control y, en este ámbito concreto, sobre todo, en el área del gasto electoral, y del financiamiento de los partidos y movimientos políticos.
En estos momentos todavía son precarios esos controles en el sistema ecuatoriano.
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