El PP atribuye el cese de un asesor en Pinto a una venganza

Los populares aseguraron que se trata de un intento de "coartar la capacidad de fiscalizar y controlar a un Gobierno" mediante la supresión de "medios y personal necesario para realizar el trabajo de oposición". El PP concluyó, así, que este cese supone "la ruptura del pacto entre partidos" ya que implica una decisión "totalitaria y carente del más mínimo respeto institucional".

En este sentido, los populares acusaron al Gobierno municipal de "filtrar datos privados" de los concejales y ex asesores municipales vinculados al PP, una información que, según argumentaron desde el Grupo, se refiere a "días de vacaciones y sueldos" y que trasciende en "plenos, en la página web municipal y en la revista del Ayuntamiento".

La portavoz popular y ex alcaldesa, Miriam Rabaneda, aseguró este lunes que "estos hechos evidencian que el nuevo Gobierno ha impuesto en Pinto un régimen que atenta contra los más básicos derechos habituales en un sistema democrático" y afirmó que "la única intención es tratar de callar al Partido Popular y echar tierra sobre las investigaciones en las que se ven inmersos" los actuales miembros del Ejecutivo local.

En esta línea, reveló que se están negando "al Grupo Municipal Popular todos los medios materiales necesarios para desarrollar su trabajo", así como la documentación solicitada "sobre el ejercicio de Gobierno, especialmente -subrayó-, tras la última Comisión de Seguimiento".

Por otro lado, denunció que se está exigiendo "el DNI a los asistentes a los Plenos que muestran su aprobación por la forma de ejercer su labor al Grupo municipal Popular" y que se están ejecutando "despidos políticos" en la empresa municipal de servicios ASERPINTO "por el mero hecho de haber sido contratados durante la etapa de Gobierno del Partido Popular".