¿Cuál es la estrategia de las universidades frente a los cuestionamientos permanentes del Gobierno que se están traduciendo en una pérdida progresiva de su autonomía, si es que se puede hablar de algo progresivo en estos casos, y que apuntan a un mayor control por parte del Estado de las actividades de las instituciones académicas y que se plasmaría en la futura ley de educación superior que deberá aprobar la próxima Asamblea Nacional? El cuestionamiento del Gobierno apunta a la calidad académica de las universidades: poca investigación, repetición de las mismas carreras y programas de posgrado en todas partes del país, índices significativos de deserción y de repitencia, cobertura insuficiente de alumnos pese al número de instituciones de educación superior, baja gobernabilidad de los organismos encargados de la dirección y planificación, autoevaluación "complaciente".
Frente a este cuestionamiento del Gobierno, las universidades no han respondido de acuerdo a una estrategia coordinada, orientada, más que a defender privilegios, legítimos por otra parte como la célebre autonomía, a mostrar que las instituciones de educación superior conocen estos problemas, son conscientes de ellos y están trabajando para enfrentarlos, no por temor a una "superintendencia" que terminará fracasando en el mediano plazo, sino por su compromiso, tantas veces reiterado, con el pensamiento y la lógica de las disciplinas científicas.
Las universidades han sido tocadas además en un punto extraordinariamente sensible: el financiero. Sensible, porque es un arma de doble filo. Por la fuerza de la medida, las universidades parecen estar preocupadas solamente de sus ingresos, lo que a nivel de la opinión pública no contribuye a fortalecerlas, por más que todos reconozcamos que sin financiamiento no se puede hacer nada y demostremos que el salto cualitativo de las universidades de otros países se debió, en parte, a una inversión significativa del estado.
Un discurso reactivo, anclado solo en la defensa de los derechos de la academia no parece ser el recurso más adecuado frente a una crítica, excesivamente unilateral y poco realista de los académicos que hoy, paradójicamente, ocupan los cargos de dirección del estado.
Las universidades, de una u otra forma, deben hacer su autocrítica para demostrar a la opinión pública que no han perdido la criticidad y que conocen de sus problemas más que los funcionarios del Gobierno. Pero sobre todo que la propuesta gubernamental, -simplemente más controles y ejercicio vertical de la autoridad-, no conduce a ninguna parte ni tiene que ver con el discurso académico. Los futuros asambleístas, por su parte, deberán asumir la responsabilidad de qué es lo que quieren de la universidad y las consecuencias de sus decisiones. Y las universidades a su vez, mostrarles con toda claridad el futuro que definirán con sus decisiones, desde un discurso académico realista, absolutamente franco, sin concesiones. Lo que hoy se necesita es una reflexión conjunta del estado, la empresa privada y las universidades, reflexión convocada públicamente por estas últimas.
Artículo tomado del diario HOY
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