De acuerdo con el texto analizado por el Gobierno andaluz, podrán acogerse a esta fórmula las personas casadas; las parejas de hecho y aquellas sin vínculo legal pero con hijos comunes; los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad; las personas adoptadas o acogidas y sus familias biológicas, adoptivas o acogedoras, y también las personas que ejercen tutela sobre menores.
Según explicó la consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, entre los conflictos que podrán ser objeto de mediación, se incluyen los derivados de procesos de separaciones, divorcios y disoluciones de parejas de hecho; cuestiones relativas al derecho de alimento y cuidado de personas mayores de 65 años o con discapacidad; relaciones de los menores con sus parientes, tutores o guardadores, y ejercicio de la patria potestad o tutela.
Por el contrario, del procedimiento quedan expresamente excluidas todas las situaciones en las que exista violencia o maltrato sobre la pareja, los hijos o cualquier otro miembro de la familia.
"El objetivo es que llegue a los juzgados el menor número posible de conflictos familiares, ya que se complican los casos y, la mayoría de las veces, los que pagan esas complicaciones con los menores", explicó Navarro.
La mediación no supondrá costes para aquellos implicados que cumplan con los requisitos establecidos como beneficiarios de la Asistencia Jurídica Gratuita, mientras que en el resto de los casos se abonarán las tarifas que se establezcan reglamentariamente.
En cuanto a las garantías recogidas, el anteproyecto dispone que en todo momento se asegurará el principio de voluntariedad para las partes que soliciten la mediación, así como la imparcialidad de los profesionales mediadores y la confidencialidad de información obtenida durante el proceso.
La consejera también explicó que la duración de la mediación se prolongará durante tres meses, con la posibilidad de prorrogar este plazo otros tres meses, si las circunstancias lo requieren, y que se cuenta con un presupuesto inicial para poner en marcha la nueva norma de 950.000 euros.
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía dispone de un programa de mediación familiar que funciona desde 2003 en toda la comunidad autónoma, con un total de 21 profesionales.
Hasta el momento, según la titular del Departamento, este programa ha atendido más de 2.500 casos.
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