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Se trata de esclarecer si existe un delito de malversación de caudales públicos

El dictamen exculpatorio de los espías va a Pleno mientras la Fiscalía sigue investigando

martes 17 de marzo de 2009, 13:48h
El Pleno de la Asamblea de Madrid debatirá este miércoles el dictamen exculpatorio sobre la Comunidad que el PP aprobó el pasado lunes en la comisión de los espías. Para los populares, como para el Gobierno de Esperanza Aguirre, las acusaciones se han desmontado a pesar de que la Fiscalía sigue investigando si hay fondos públicos tras unos seguimientos que considera verosímiles.
El PSOE presentó un escrito para impugnar que el dictamen se llevara a Pleno, dado que la mesa y portavoces de la comisión no la habían dado por cerrada mediante votación. Según explicó la portavoz de IU, Inés Sabanés, la presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez, reconoció que el punto se introdujo "indebidamente " y de manera "irregular" en el orden del día, pero el representante del Ejecutivo en la Junta de Portavoces lo hizo de forma legal este martes en virtud del artículo 108.3 del Reglamento de la Cámara.

Queda decidir si se eliminan iniciativas para que el debate de conclusiones no se produzca alrededor de las 23.00 horas, como estaba previsto. Según afirmó Sabanés la alteración del orden del día se votará en el propio Pleno. De momento, IU ha dejado para el próximo pleno su comparecencia sobre transportes y el PSOE ha retirado varias iniciativas, pero la decisión, a la que el PP se mostró favorable, aún no está tomada.

¿Seguimientos con dinero público?

A pesar del cierre anticipado de las pesquisas parlamentarias, la Fiscalía de Madrid no ha abandonado las suyas. Tras considerar verosímiles los partes de seguimiento dada su coincidencia con la agenda entre otros de Alfredo Prada y Manuel Cobo, fuentes de la Fiscalía informaron este martes a Europa Press que se están cotejando las pruebas caligráficas que El País hizo y que atribuían a un técnico de la Consejería de Interior, José Manuel Pinto, la autoría de anotaciones manuscritas en los mismos. Por tanto, se trata de esclarecer si hay dinero público tras estos seguimientos.

En el caso de los espionajes a Ignacio González, el juez del jusgado de Instrucción número 47, José Sierra, cree que de las informaciones periodísticas y los testimonios del propio vicepresidente y de Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II y hombre de su confianza, no se deriva que haya funcionarios públicos detrás.
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