Con el objetivo de agilizar la creación de nuevos negocios y actividades públicas, el Ayuntamiento modificará la ordenanza que regula las licencias de actividades, aunque no las urbanísticas por el momento. La acumulación de licencias sin resolver y los retrasos en la tramitación han creado un gran problema, por lo que
el Colegio de Arquitectos de Madrid propuso al consistorio participar en su solución.
Sin embargo, no serán los arquitectos los que resuelvan la falta de agilidad del sistema de concesión de licencias ni la contratación de más personal público, sino empresas privadas acreditadas ante la Entidad Nacional de Acreditación y autorizadas por el Ayuntamiento. Se llamarán organismos de control urbanístico. Esta privatización del servicio ha sido la principal crítica el grupo municipal socialista, que defiende que sea desarrollado por empleados públicos porque dan más seguridad.
Precios máximos
Así que el ciudadano deberá pagar a una empresa por el servicio, para el que el Ayuntamiento fijará unos precios máximos, y vera reducida la tasa que hay que pagar hasta ahora, que incluso podría desaparecer, según explicó el delegado de Economía y Hacienda, Juan Bravo. El edil se mostró convencido de para el ciudadano el gasto será menor.
Según la importancia de las reformas que se necesiten para poner en marcha la actividad, se establecen tres tipos de procedimientos en el documento aprobado este jueves, que pasará a información pública. Sin embargo, un 60 por ciento de las licencias solo necesitará comunicación previa, que deberá remitirse a una de las empresas autorizadas. Serán aquellas que sean inocuas desde el punto de vista medioambiental y de seguridad, y que no requieran proyecto técnico. Un caso podría ser la transformación de una papelería en una zapatería.
En el resto de casos, el papel del Ayuntamiento en el control gana peso según la importancia de la obra necesaria para el negocio, que serán supervisados cada cinco años para controlar si cumplen la legalidad. Como señaló Gallardón, esta ordenanza, que se deriva de una directiva europea que pronto tendrán que asumir todas las administraciones, deposita su confianza en la "madurez" de los ciudadanos.
Modalidades y silencio positivo
Habrá un procedimiento ordinario común para las licencias que requieran obras de edificación (nueva planta, acondicionamientos generales y restauración de edificaciones catalogadas), y otro abreviado si las obras necesitan otro tipo de proyectos. En estos dos casos será la empresa elegida por el usuario la que emitirá un certificado de conformidad en un plazo máximo de dos meses y la que supervise las obras. En el procedimiento común, las licencias provisional necesitará también el visto bueno del Ayuntamiento, que dará siempre las licencias definitivas.
Por último, las solicitudes sin proyecto técnico que tengan repercusión medioambiental o en la seguridad necesitarán contar con un certificado de un organismo de control urbanístico para iniciar la reforma, que será resuelto en 15 días. Además, regirá el silencio positivo, es decir, que ante la falta de noticias del Ayuntamiento o de la empresa de control en el plazo establecido se dará por aprobada la solicitud, salvo en casos que requieran declaraciones de impacto ambiental o dependan de la Ley de Espectáculos Públicos de la Comunidad.
Problemas de inseguridad
El Ayuntamiento y el Colegio Oficial de Arquitectos están elaborando las interpretaciones 'oficiales' de la normativa, ya que las distintas versiones causan un gran "desconcierto", según los arquitectos. Ahora la inseguridad podría venir si tras la licencia provisional facilitada por un agente externo no se obtiene la definitiva, que dependerá del Ayuntamiento. La presidenta de los arquitectos, Paloma Sobrini, anunció que podrían presentar alegaciones para evitar estas situaciones.
El Ayuntamiento prevé que la nueva ordenanza entre en vigor en abril de 2010 para los casos de comunicación previa y de procedimiento de implantación o modificación, y un año más tarde para el resto de procedimientos y los controles periódicos.
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