El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el conflicto de competencia que la Comunidad de Madrid interpuso contra el Real Decreto estatal que regula los bancos de sangre de cordón umbilical. El Gobierno regional solicitó la suspensión de esta normativa alegando que "invade y menoscaba" su ámbito competencial.
Esta decisión ha sido comunicada al Gobierno regional a través de una notificación en la que el TC acuerda admitir a trámite el conflicto positivo de competencia del Ejecutivo autonómico madrileño, así como dar traslado de la situación al Ejecutivo de la Nación para que haga las alegaciones que considere oportunas, también en relación a la suspensión del Real Decreto que se solicita.
Además, la admisión a trámite del conflicto de competencias está confirmada en una providencia del Tribunal Supremo remitida a mediados de este mes a Secuvita, empresa privada que, a su vez, interpuso recurso contra la normativa estatal y que recientemente anunció su intención de abrir en España un banco de sangre procedente de cordón umbilical.
En su providencia, el Supremo notifica a Secuvita que se ha "recibido oficio del Tribunal Constitucional en el que se comunica haber sido admitido a trámite el conflicto positivo de competencia" promovido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con el Real Decreto estatal, lo que supone que el recurso interpuesto por dicha empresa privada "queda en suspenso" hasta que se resuelva el conflicto competencial entre el Estado y el Ejecutivo autonómico madrileño.
Conflicto de competencias
Cuando el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid acordó, el pasado 25 de enero, plantear conflicto de competencias contra la regulación estatal, el vicepresidente primero y portavoz autonómico, Ignacio González, argumentó que la norma elaborada por el Ministerio de Sanidad y Consumo "ataca" a la libertad individual y "atenta contra la libertad de empresa" al impedir "de facto" la constitución de bancos de depósito de carácter privado.
En este sentido, el Gobierno de Esperanza Aguirre apuesta por que los ciudadanos puedan "elegir entre un depósito privado o la donación a un banco público, ya que el papel de la Administración debe ser el de garantizar esa opción individual, libre y voluntaria". Para el Ejecutivo regional, la normativa estatal en materia de bancos de sangre de cordón umbilical "apenas deja margen de maniobra para que las Comunidades Autónomas adopten políticas propias en la materia y complementen la normativa para adaptarla a sus propias peculiaridades e intereses", y "limita" además los derechos de los padres a decidir sobre el destino y el uso de la sangre del cordón umbilical de sus hijos.
La Comunidad de Madrid sostiene, además, que, "supuestamente, el Gobierno de la Nación aprobó el nuevo régimen jurídico establecido en el Real Decreto para dotar de regulación a los depósitos de sangre de cordón debida a su presencia y progresiva implantación en los países de nuestro entorno, pero lo cierto es que las restricciones que impone al fijar su carácter no lucrativo, establecer la disponibilidad para terceros y limitaciones a la exportación, dificultan de manera claramente deliberada la creación de bancos privados de tejidos humanos en España".
Cabe recordar, por otro lado, que el decreto madrileño que regula en la región la creación de bancos privados de depósito de cordón umbilical está suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a instancias del Ministerio de Sanidad y Consumo.
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