La Ley de Cajas de Ahorros aprobada en la Asamblea de Madrid y que ha desatado la polémica con todos los sectores políticos y sindicales implicados en Caja Madrid tiene sus días contados. Tras admitir a trámite este martes el Tribunal Constitucional el recurso del Gobierno de España contra la normativa, la Comunidad de Madrid está dispuesto a retirarla.
En concreto, la Consejería de Economía se ofrece a negociar directamente con el Ejecutivo de
José Luis Rodríguez Zapatero una nueva Ley de Cajas en la que debería solucionarse el conflicto por la pérdida de representatividad del Ayuntamiento de Madrid en los órganos rectores en casi un 50%. En cambio, ganaban peso los ayuntamientos de la Comunidad, la mayoría favorables a
Esperanza Aguirre.

Economía no menciona entre sus interlocutores ni a la oposición ni a los sindicatos madrileños, sino al Gobierno. Fuentes del Partido Socialista de Madrid (
PSM) aseguraron a
Madridiario que dados los antecedentes de Esperanza Aguirre, acogen la invitación al acuerdo con prudencia aunque con satisfacción, porque esta marcha atrás evidencia que las formas con las que se pretendía reforma Caja Madrid no eran las adecuadas. El coordinador general de IU Madrid,
Gregorio Gordo, declaró que esta es "una seria llamada de atención a Aguirre, que debería haber velado por garantizar la estabilidad y gobernabilidad de la entidad en un momento de crisis como el actual".
Objetivo: celebrar las elecciones
El objetivo de la negociación con el Gobierno de Zapatero es, en palabras del consejero de Economía,
Antonio Beteta, "reanudar el proceso electoral y que esté culminado antes de final de año", dado que la decisión del Constitucional podría alargarse durante meses y con la admisión a trámite del recurso a la Ley de Cajas ésta quedaría en suspenso total o parcialmente. Como el PP de Madrid, los socialistas de la región son partidarios de que Miguel Blesa no renueve su mandato al frente de la caja.
La futura nueva normativa implicaría la derogación por decreto de la que se se aprobó en medio de una gran polémica en la Asamblea de Madrid y su sustitución por su alternativa negociada, algo que tanto PSOE como IU y los sindicatos han venido reclamando desde hace meses. Como recordó a
Madridiario el secretario de Política Institucional de CCOO Madrid,
Jaime Cedrún, con el Constitucional de por medio, en la situación de crisis económica y dado el cariz que estaban tomando los acontecimientos (con judicialización de por medio) en la comisión de control de Caja Madrid, la única salida posible era la negociada. "El TC le ha dado una segunda oportunidad a Aguirre para hacer las cosas bien y recuperar el consenso y la estabilidad", aseguró.
De momento, la Comunidad también estudia realizar alegaciones al Constitucional para que éste especifique si queda en suspenso toda la ley o sólo lo referido a la representatividad de los ayuntamientos.