El Partido Popular intenta acabar cuanto antes con el supuesto caso de los espías salido del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El secretario de Comunicación de la formación en Madrid, Juan José Güemes, cuestionó este lunes los datos de la investigación que mantienen abierta la Fiscalía y el titular del juzgado de Instrucción número 5, y aseguró que no existen motivos para continuar con la misma.
Según Güemes, en cuanto a los supuestos seguimientos al ex consejero
Alfredo Prada y al vicealcalde de Madrid,
Manuel Cobo, "ni siquiera se puede deducir de la información que hay en los juzgados que se hubiera producido ningún seguimiento, y muchos menos que se realizaran por alguien de la Comunidad de Madrid" y que podría constituir un delito de malversación de caudales públicos. De hecho, el PP cree que más bien parece que los partes "han sido fabricados por alguien y que fueron entregados a 'El País', que no se tomó la más mínima molestia en contrastar la información".
La reacción popular se produce después de que el juez haya admitido investigar la denuncia del propio Manuel Cobo -que
dio credibilidad a que los espionajes y los supuestos partes de seguimiento habrían salido del Ejecutivo de Esperanza Aguirre- y del anuncio del PSOE de que volverá a intentar presentarse, como Izquierda Unida, como
acusación particular en el caso.
El dictamen exculpatorio de la Asamblea
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El secretario general de los socialistas madrileños,
Tomás Gómez, avanzó este lunes que el PSM-PSOE volverá a intentar personarse en la causa como acusación basando su presencia en que "se han podido lesionar intereses de los ciudadanos, en este caso económicos" si se hubiesen utilizado dinero o medios públicos en los seguimientos.
El PSOE no está dispuesto a dejar pasar lo que considera un grave caso de descomposición interior del Gobierno regional por las "
guerras" entre Esperanza Aguirre y los partidarios de Mariano Rajoy. De hecho, recuerdan, dos de los supuestos espiados, el propio
Alfredo Prada y la diputada
Carmen Rodríguez Flores, no ratificaron el dictamen de la 'comisión de los espías' que negaba la existencia de las vigilancias.
Gómez aseguró por último que su partido también pondrá en manos de la Fiscalía Anticorrupción la financiación de una campaña electoral del actual consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
Francisco Granados, cuando era alcalde en Valdemoro.