Ningúna fuerza política local apoya la recalificación de la finca El Tagarral

   Además, el suelo adquirido por ambas empresas, que tiene una superficie superior a dos millones de metros cuadrados (200 hectáreas) y está ubicado en la denominada finca El Tagarral, lindante con el Soto de Viñuelas, tiene pendiente de ejecución la sentencia final de un pleito de más de 20 años que los propietarios mantuvieron frente al Ayuntamiento de Tres Cantos, Colmenar Viejo y la Comunidad de Madrid para que los terrenos fueran reconocidos como urbanizables.

   Las reclamaciones arrancaron en 1987, cuando Tres Cantos aún pertenecía a Colmenar Viejo y el Plan General de Ordenación Urbana de este último municipio clasificó El Tagarral como suelo no urbanizable, mientras que la normativa urbanística anterior preveía la construcción de viviendas en ese lugar.

   El pleito de los propietarios del suelo finalizó su recorrido judicial con una sentencia favorable del Tribunal Supremo que les daba derecho a cobrar una indemnización de más de 42 millones de euros en concepto de lucro cesante, esto es, lo que dejaron de ganar por no poder urbanizar. Sin embargo, el pago, que deben asumir las tres administraciones públicas implicadas (Tres Cantos, Colmenar Viejo y Gobierno regional) aún no se ha ejecutado.

SUELO RÚSTICO A 138 EUROS EL METRO CUADRADO

   Desde Nozar --titular de los terrenos junto a Martinsa-- se reconoce que la operación está "igual que hace seis meses", esto es, "parada", porque los terrenos están pendientes de la ejecución de la sentencia, aseguraron fuentes de la inmobiliaria.

   A pesar de que todo desarrollo en ese punto es, hoy por hoy, inviable, dada la catalogación del suelo adquirido por las empresas, fuentes consultadas aseguraron que Nozar y Martinsa desembolsaron 180 millones de euros por la operación, a razón de 138 euros por metro cuadrado, un precio muy alto para un suelo rústico que, de hecho, se ha pagado por terrenos urbanizables incluidos en el desarrollo del PGOU.

   En todo caso, la recalificación de los terrenos, al menos en esta legislatura, parece descartada a juzgar por la postura defendida por la Corporación municipal. La alcaldesa, María de la Poza (TCU), insistió en que este asunto está pendiente de la ejecución de una sentencia que implica a otras dos administraciones, y que en los contactos mantenidos con las dos empresas promotoras "inicialmente se les dijo que no era el momento de sentarse a hablar del tema, que es una cuestión política, principalmente porque, además, afecta a otras dos administraciones".

LA ALCALDESA NO VE "JUSTIFICADA" LA RECALIFICACIÓN

   En este sentido, dijo que Tres Cantos "no va a ser la única" administración que "se haga cargo" del pago de la indemnización a los propietarios, y advirtió además que "una recalificación de rústico a urbanizable tiene que estar muy, muy justificada", condición que, a su juicio, no se da actualmente en Tres Cantos.

   "En el momento actual del municipio, con un PGOU en desarrollo, no está justificado, entre otras cosas porque la labor de los responsables políticos debe estar dirigida al interés, al bien de los vecinos", afirmó la regidora, partidaria de que la recalificación de El Tagarral "entraría un poco en contradicción con la calidad de vida" de la localidad.

   "El Ayuntamiento está desarrollando un PGOU moderado y sostenible bajo los mismos parámetros de calidad que Tres Cantos tiene ahora, con una densidad de viviendas incluso inferior a la media actual, que no llega a 21 viviendas por hectárea", argumentó De la Poza.

   Por su parte, la concejal de Urbanismo, primera teniente de alcalde y portavoz del PP local, Carmen Camón, dijo "suscribir al pie de la letra" la moción aprobada por unanimidad en septiembre de 2005, a instancias del equipo de Gobierno (PP y TCU).

   El texto de dicha propuesta recogía que la sentencia "no obliga a recalificar el terreno de nuevo como urbanizable"; que las obligaciones y soluciones para el cumplimiento del fallo debían realizarse "en los términos fijados por el juez y desde las tres administraciones implicadas, nunca desde Tres Cantos en exclusividad"; y que la "voluntad" de todos los grupos municipales es "contraria a favorecer cualquier operación especulativa sobre la finca El Tagarral, con el pretexto del cumplimiento de una sentencia".

LA OPOSICIÓN TAMPOCO LO APRUEBA

   Desde la oposición, el portavoz de PSOE local y candidato a la Alcaldía, Miguel Aguado, manifestó que "ahora mismo" su grupo votaría "radicalmente en contra" de la recalificación del suelo de El Tagarral, y consideró "prácticamente imposible" que se apruebe en este mandato en Pleno municipal por la "crisis interna" que atraviesa el partido de la alcaldesa (TCU).

   En su opinión, la operación de Nozar y Martinsa es "dudosa desde el punto de vista del desarrollo de la ciudad" y tiene "grandes obstáculos económicos, sociales y ambientales". Así, indicó que "habría afección medioambiental", porque "la finca, como todo Tres Cantos, pertenece al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares".

   Además, objetó que, de desarrollarse el proyecto de las dos promotoras, y unido al PGOU ahora en desarrollo, Tres Cantos duplicaría su población, un crecimiento que no podría asumirse en términos de infraestructuras de carreteras, saneamiento de agua, centros de enseñanza...

   Aguado opinó que, de cualquier forma, si al final la Comunidad de Madrid permitiera la conversión de los terrenos en urbanizables, "se perdonaría la 'deuda' en concepto de indemnización que corresponde pagar a la Administración regional y Colmenar Viejo, y entonces todo lo asumiría Tres Cantos".

   El portavoz del PSOE dijo que si el suelo sigue siendo rústico, Nozar y Martinsa deberán cobrar la indemnización fijada por la sentencia y, si se cambia el uso del terreno a urbanizable, las empresas "se verán compensadas con las plusvalías que genere la operación", caso este último en el que "multiplicarían por tres" su inversión inicial (180 millones de euros).

   El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Tres Cantos, José Luis Martínez Cestao, también defendió que "no debe haber ninguna recalificación" de El Tagarral. "Lo que no vamos a permitir ni estamos de acuerdo para nada es que Tres Cantos sea la única administración que pague el pato", dijo.

   A su juicio, es "extraño" que Nozar y Martinsa hayan comprado unos terrenos que tienen pendiente la ejecución de una sentencia y, además, son rústicos. "Ellas lo sabrán, seguro que con la expectativa de que ahí se iba a construir, pero hoy por hoy nadie lo va a hacer, y más en el desarrollo de un PGOU que va a permitir, en contra de nuestra opinión, la construcción de 8.150 viviendas. Es absolutamente impensable, sería duplicar la población del municipio", concluyó Martínez Cestao.