El nuevo documento, que amplía a un año la prestación de 420 euros mensuales para los parados que hayan agotado todas las ayudas, vincula esta ampliación a la evolución de la economía española. De esta forma, el Gobierno vincula la prórroga de la prestación seis meses respecto al documento inicial, tal y como venían demandando CC.OO. y UGT, a la evolución de los principales indicadores de la economía española.
El Gobierno estimaba en el primer documento que presentó a patronal y sindicatos que el coste de esta medida --la ayuda durante 6 meses-- ascendía a 453 millones de euros, por lo que prolongar la prestación seis meses más, tendía un coste de 906 millones de euros.
Rebajar dos puntos las cotizaciones sociales que pagan las empresas al sistema de Seguridad Social costaría unos 7.200 millones de euros y acabaría llevando al sistema al déficit en el año 2011, según señalaron fuentes de CC.OO. a Europa Press.
El sindicato calcula que cada punto de las cotizaciones supone un 0,35% del PIB, de manera que la rebaja de dos puntos que podría ofrecer el Gobierno reduciría la recaudación del sistema en un 0,7% del PIB, lo que equivale a 7.200 millones de euros.
Por este motivo, CC.OO. asegura que si esta propuesta finalmente se aprueba el sistema de Seguridad Social, que ha mantenido sus cuentas en positivo hasta la fecha, acabaría entrando en déficit en el año 2011, con un saldo negativo del 0,05% del PIB. En total, el coste para las arcas públicas ascendería a 8.106 millones de euros.
Acelerar el acuerdo
De esta forma, el Ejecutivo pretende acelerar el cierre del acuerdo, aceptando parte de los postulados de la CEOE, que ha solicitado una rebaja de las cotizaciones empresariales de entre tres y cinco puntos, y también la petición más reiterada por parte de CC.OO. y UGT: que la prestación de 420 euros se prolongue durante un año.
En el primer documento, el Ejecutivo proponía a la patronal una rebaja de las cotizaciones de sólo medio punto, cuantía que desde la CEOE se consideró desde el primer momento absolutamente insuficiente, lo mismo que entendían los sindicatos respecto a prolongar la prestación de 420 euros mensuales durante 6 meses.
Con la reelaboración de la propuesta inicial, que esta tarde analizarán patronal, sindicatos y Gobierno en la nueva reunión tripartita del diálogo social, el Ejecutivo confía en cerrar el acuerdo antes de las vacaciones de verano.
Este nuevo encuentro, que se celebrará por la tarde, fue acordado después de la reunión a tres bandas del pasado jueves, en la que el diálogo social quedó desbloqueado y se aparcaron las 'líneas rojas' trazadas por la CEOE.
Así, sobre la mesa no estarán ni una rebaja de cinco puntos de las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social ni un nuevo contrato de crisis ('contrato del Siglo XXI') con una indemnización más barata (20 días por año trabajado) como pedía la CEOE. El Ejecutivo aseguró en las reuniones bilaterales mantenidas con los agentes sociales durante la pasada semana que no aceptará ninguna de las dos propuestas.
Retomado el documento propuesto por el Gobierno, las discusiones girarán en torno a la ayuda temporal de 420 euros mensuales para los parados que hayan quedado sin ingresos. En este punto, el mayor escollo era la voluntad de los sindicatos de prolongarlo durante un año, frente a los seis meses que planteaba el Gobierno, dificultad que ahora puede desbloquearse, dado que el Ejecutivo está dispuesto a mejorar esta oferta.
Asimismo, el borrador inicial del acuerdo también planteaba la rebaja de las cotizaciones que pagan las empresas por contingencias profesionales en medio punto, muy lejos de los cinco demandados por la patronal, demanda que también ha sido mejorada en el nuevo documento enviado por el Gobierno.
Además, el borrador incluye medidas para mejorar las oportunidades de empleo de los parados y la intermediación en el mercado laboral. En este sentido, el Gobierno se ha comprometido a suprimir en un plazo inferior a tres meses las actividades en las que actualmente tienen prohibido operar las empresas de trabajo temporal y a regular y a autorizar a las empresas de recolocación.
Seis meses para cambiar la negociación colectiva
El texto planteado acoge el compromiso de los agentes sociales a cerrar en seis meses un acuerdo bilateral para la revisión de la negociación colectiva que debe comprender más flexibilidad interna a nivel de empresa y mayor felicidad para utilizar las cláusulas de descuelgue.
El rechazo a una negociación sobre los máximos de la patronal ha permitido desbloquear el proceso, pero no parece acercar un acuerdo, al menos por el momento.
Por parte de los sindicatos aún hay muchos temas sobre los que debatir y desde la patronal reina el silencio. Unos y otros confían en alcanzar un acuerdo antes de agosto, aunque el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ya ha hablado de un acuerdo en otoño.
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