Imaginen ustedes a los narcos — que ahora se entretienen descuartizándose entre ellos y disputándose ferozmente plazas y territorios— relevados súbitamente de estas funciones. Y esto porque el Estado benefactor, en un inusual arranque de lucidez, decidiera permitir el comercio de todas las drogas ilegales para, justamente, apartar a esta gente de tan sucio negocio. Tendríamos ahí un problema mayúsculo de “desempleo” y, al mismo tiempo, una espeluznante amenaza para los ciudadanos de bien: los matones, los sicarios, los vendedores y todos aquellos que viven de traficar con sustancias prohibidas se dedicarían, simplemente, a delinquir en otros apartados de la actividad criminal. Robarían, secuestrarían, extorsionarían y matarían a los sufridos ciudadanos de este país para seguir manteniendo, digamos, su nivel de vida, su bienestar, su estatus.
Esta realidad, en sí misma, plantea un obstáculo mayor a cualquier propuesta de legalización. Es cierto que la prohibición del alcohol en la Unión Americana provocó la proliferación de las mafias criminales. Pero, cuando el consumo de bebidas fue permitido nuevamente, las fuerzas policiales siguieron combatiendo a los delincuentes. Podríamos pensar, de la misma manera, que el Estado mexicano proseguiría su guerra en contra del crimen organizado con la ventaja, encima, de que las organizaciones del narco se verían fuertemente debilitadas en sus estructuras financieras al ya no tener las colosales ganancias por la venta de drogas. Esto, sin embargo, es apenas una parte de la ecuación. Porque, la situación, en este país, no es comparable a la que atravesaba Estados Unidos en 1933. Hoy, nuestra siniestra actualidad no está hecha exclusivamente de escaramuzas entre traficantes ni de ejecuciones de sicarios: la cotidianidad del mexicano de a pie está absolutamente marcada por la amenaza de la delincuencia “común”.
Vivimos atemorizados, sin certezas jurídicas, sin protección y sin justicia real. El hecho de que uno, uno solo, de cada 100 delitos sea sancionado por una condena firme es escandaloso y significa un índice aterrador de impunidad. La estructura judicial del Estado no logra proveer el más esencial de los derechos ciudadanos, el de la seguridad, y no garantiza tampoco la más fundamental de las condiciones para la vida civilizada. Pensar, en estas circunstancias, que la legalización de las drogas propiciaría un descenso de la actividad criminal es una quimera. Algunos raptos, desde ya, parecen no ser operados por simples bandas sino por organizaciones poderosas. ¿Deseamos que los narcos se sumen, de manera colectiva, a la industria del secuestro? Dios nos agarre confesados.
Opinión extraída del periódico Milenio 23/09/2009
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