La mujer de Conde-Pumpido ocupará la vacante en el Supremo

La propuesta que se discutió este jueves en el Pleno, el último que se celebra antes del paréntesis estival, procede de la Comisión de Calificación, que elevó al órgano superior del CGPJ una lista de cinco candidatos ordenados por orden alfabético, y si mostrar especial predilección por ninguno de ellos.

   Se precisaban 13 votos para lograr el nombramiento, aunque finalmente la candidatura de Clara Martínez, hasta ahora magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), obtuvo el apoyo de 15 de los 21 vocales que integran el órgano de gobierno de los jueces.

   La lista de candidatos la integraban según las mismas fuentes, los magistrados Felisa Atienza, Emilio Berlanga, José Alberto Fernández, José María Gil Sáez y Clara Martínez de Careaga.

   La vacante en la Sala Quinta del alto tribunal se mantenía desde que el pasado 26 de marzo el CGPJ acordara con el voto de 11 de sus vocales, designar a Ángel Juanes como nuevo presidente de la Audiencia Nacional. Antes de tomar esta de decisión, los 20 vocales del CGPJ y su presidente, Carlos Dívar, avalaron el contenido de un informe elaborado por el secretario de este órgano que defendía la procedencia de que Juanes pudiera optar el cargo pese a poseer una categoría superior a la exigida para el mismo, al tratarse de un magistrado del Tribunal Supremo.

Otros acuerdos disciplinarios del Consejo

Por otro lado, se ha acordado imponer al Magistrado Juan de Dios Anguita Cañada, titular del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Málaga, la sanción de dos años de suspensión de funciones por cada una de las seis faltas disciplinarias muy graves, de las que se le considera autor. (Total: 12 años de suspensión de funciones).

    Cinco de las faltas disciplinarias tienen que ver con la inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurrían causas legales para ello –tener interés directo o indirecto en el pleito del que se conoce como juez- y la sexta  tiene relación con el ejercicio de actividades legalmente incompatibles con el cargo de juez.

    El Pleno del Consejo ha aprobado asimismo el Informe de la Comisión de Estudios referente al proyecto de Real Decreto que establece las circunstancias de ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad. La reforma extiende las penas en beneficio de la comunidad a que el condenado realice programas de reeducación vial, en sintonía con la reforma de los delitos relacionados con la seguridad del tráfico, aprobada en el año 2005, que preveía la existencia de condenas que incluyeran penas en beneficio de la comunidad.

    Finalmente, el Pleno del CGPJ ha aprobado el Proyecto de Presupuestos de este Consejo para el año 2010, que apenas sufre variación con respecto al del año anterior (un incremento del 1,3 por ciento debido, fundamentalmente, a que se duplica el número de alumnos de la Escuela Judicial en el próximo ejercicio), y que se remite al Gobierno para su inclusión en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado.