Juan Núñez, el juez ecuatoriano que lleva el caso contra la petrolera estadounidense Chevron-Texaco por supuesto daño ambiental en una zona de la Amazonía, negó a la prensa local estar implicado en un supuesto soborno denunciado por la empresa.
En una breve entrevista publicada por el diario El Universo, Núñez aseguró que "esas cosas no se han hablado jamás" y que él no ha escuchado "nada de eso".
Chevron denunció ayer que el juicio que encabeza Núñez, en el que se le demandan 27.000 millones de dólares por los daños que supuestamente causó Texaco por la explotación de campos petroleros de la Amazonía ecuatoriana, está manchado por un "complot de soborno" entre el Gobierno y el juez del caso.
La compañía aseguró haber entregado "a las autoridades ecuatorianas y estadounidenses" documentación y unos vídeos que recogen conversaciones en las que varios funcionarios acuerdan con el juez que emita un fallo contra la empresa, tras el cual se repartirían 3 millones de dólares de la multa.
La petrolera, que heredó el problema al comprar Texaco en el año 2000, señaló como implicados en el supuesto complot al juez, al Frente de Defensa de la Amazonía, que representa a unos 30.000 pobladores presuntamente afectados por la contaminación y que personaron la demanda, y a un grupo de "individuos que se identifican como representantes del Gobierno y del partido político oficialista", Alianza PAIS.
El Gobierno ecuatoriano se defendió ayer de esas acusaciones y señaló que, con las denuncias, Chevron intenta desviar la atención ante la posibilidad de que haya un fallo judicial desfavorable a sus intereses.
Por su parte, Núñez señaló que no puede asegurar que se haya reunido con gente del Gobierno o de PAIS porque va mucha gente a visitarle, pero aseguró que "nunca se ha hablado de un monto de 3 millones de dólares, jamás".
El juez, que adelantó que "aproximadamente para el mes de noviembre o diciembre" ya habrá un dictamen, subrayó que su obligación "es dictar sentencia de acuerdo con las tablas procesales, con lo que consta en el proceso, nada más".
Además, rechazó haber recibido presiones de agentes externos al proceso.
"Me han presionado las partes mismas (...) que son las que van construyendo el proceso", afirmó y detalló que su función es "atender a las peticiones de las partes" y aplicar los principios de celeridad.
El juicio contra Texaco por supuestos daños ambientales dura ya alrededor de 15 años. En los primeros diez años se desarrolló en una Corte de Nueva York, que dictaminó su traslado a Sucumbíos, provincia del noroeste ecuatoriano.
El proceso judicial pretende demostrar si Texaco provocó daño ambiental en los campos de extracción de crudo en los que operó desde 1972 a 1995.
Sin embargo, la petrolera atribuye a la empresa estatal Petroecuador la contaminación ambiental, basándose en un convenio que firmaron para la reparación de la zona de explotación.
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