La Constitución vigente señala límites perentorios al actual órgano legislativo para aprobar un buen número de leyes. Sin embargo, es necesario privilegiar el debate ciudadano amplio y democrático de los proyectos a la aprobación al apuro de las leyes.
El país ya sufrió la mala experiencia de legislar a rompe cinchas en la Asamblea de Montecristi: los vacíos e incoherencias y hasta dudas en la aprobación fidedigna de los artículos constitucionales se derivan de la prisa con la que se procedió en la Asamblea a cargo de Fernando Cordero, cuando se desoyó el criterio del anterior presidente Alberto Acosta de dar más tiempo para debatir y aprobar la Constitución.
Entre las leyes por aprobarse, solo este día se presentará el proyecto oficial de la nueva Ley de Comunicación. Es un cuerpo legal que atañe a un derecho ciudadano esencial, el de la libertad de expresión y de prensa. Resulta clave que se conozca y debata el proyecto y se aquilaten las razones de los diversos sectores. Si la llamada socialización de los proyectos de ley queda reducida a un desarrollo cerrado entre los grupos afines al Gobierno, se produce una falsificación del proceso democrático, puede ser aprobada de forma expedita la ley, pero será improbable que tenga una larga vigencia. Esta solo se asegura cuando las leyes son fruto de amplio consenso social y no de la simple imposición de un grupo.
Otras leyes como las que regulan el funcionamiento de la Corte Constitucional y los procedimientos de control en esa área; la ley que regula los recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua; la ley de participación ciudadana y las leyes de educación, educación superior; entre las 11 a las que se refiere la primera disposición transitoria exigen también que no se reduzca el debate al cónclave cerrado de una comisión legislativa sino que haya verdadera socialización de los proyectos y que en ningún caso se proceda al apuro.
Si (
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