Qué estamos haciendo con los guardias civiles

En enero de 2007, una imagen sorprendía a toda la sociedad. Miles de guardias civiles vistiendo su uniforme reglamentario se manifestaban en Madrid. La pregunta generalizada que se hizo entonces la ciudadanía es qué estábamos haciendo con los guardias civiles -que si por algo se han caracterizado es por ejercer un trabajo callado, eficaz y sufrido en cuanto a condiciones laborales precarias- para que se lanzaran a la calle de esta manera, arriesgándose a fuertes sanciones que, efectivamente, llegaron implacablemente a los dirigentes de la Asociación promotora.

Derechos ¡Ya!, fue el lema de aquella manifestación. Derechos, por cierto prometidos por todos los partidos políticos, y en especial por el Grupo parlamentario del PSOE. Ese mismo año, y tras la referida protesta, el Parlamento aprobaba dos Leyes para esta Institución; derechos y deberes y régimen disciplinario.

Lo que en la práctica no iba a suponer ningún avance importante para los maltratados trabajadores de la guardia civil. Pues la más que necesaria modernización de la Guardia Civil se rebeló como mero espejismo, ya que el Ejecutivo no mostraba el menor interés en impulsarla, ni en cumplir los mandatos y plazos legales que estas leyes establecen. Eso, junto a otros olvidos a los que tradicionalmente nos vemos sometidos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como unas retribuciones menores al resto de policías autonómicas y locales, se agitó en un nuevo cóctel de inconformismos que derivó en la mayor manifestación conjunta de policías y guardias civiles en octubre de 2008.

Mientras la sociedad volvía a preguntarse qué pasaba en la Guardia Civil y llegaban otra vez las consabidas sanciones a los representantes de las asociaciones, el Gobierno parecía concienciarse que algo había que hacer. Pero los tímidos avances que el Ejecutivo ha iniciado han chocado de frente con la cúpula inmovilista del Cuerpo.

Y en esa nos encontrábamos los guardias civiles, es decir, expectantes y en parte insatisfechos por una insuficiente gestión gubernamental, cuando nos ha tocado contemplar con consternación como guardias civiles vuelven a ser procesados por la jurisdicción militar, pendiendo sobre ellos sentencias con penas de cárcel, por meras faltas laborales que para cualquier otro ciudadano no pasaría de una multa de unas pocas decenas de euros.

Donde lo primero que llama la atención es cómo puede mantenerse en nuestro Estado de Derecho, Tribunales de Justicia formados por funcionarios de la carrera castrense, que no son jueces. Y es que la obsesiva aplicación del inflexible Código Penal Militar, a los guardias civiles por parte de tribunales militares, más parece el impulso de un auténtico “lobby”, que ejerce como tal, para no perder competencias y destinos, a costa de mantener relaciones forzadas entre la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas - incluso por encima del espíritu de la ley - que en garantizar la disciplina del Cuerpo

El Gobierno, por tanto, debe definir de una vez por todas, las pretendidas “misiones militares” de la Guardia Civil, si es que existe alguna. Persiste un mandato legal para hacerlo y la situación no puede demorarse más.

Esta normativa, otorgaría una mayor seguridad jurídica a los miembros de la Guardia Civil, y ayudaría a evitar la aplicación torticera de las leyes penales militares en las funciones ordinarias – las cotidianas, las habituales, en definitiva, las que les confiere el artículo 104 de la Constitución Española -  como cuerpo de policial, completando el régimen estatutario definido en las dos Leyes Orgánicas aprobadas en 2007, que el Parlamento diseñó para la Guardia Civil del siglo XXI.

Entretanto y en contraposición, a día de hoy, sólo en Navarra hay casi trescientos penados por diversos delitos, cumpliendo condena con una pulsera de localización, en casa, con la familia; por no hablar de los entresijos judiciales que de forma lamentable, acaban con la fuga de una etarra procesada.

Y en ese caldo de cultivo de descontento, llegamos a este verano, donde la Guardia Civil ha sufrido, otra vez, el sórdido ataque terrorista.

Hoy es lamentablemente premonitoria la insistencia frustrada de AUGC para que la nombrada Ley Orgánica de derechos, hubiera recogido también el derecho fundamental a la seguridad. Porque si nuestra profesión entraña riesgos que son asumidos sin dudar, con la misma determinación exigimos el necesario respaldo del Gobierno en materia de seguridad de los guardias civiles y de sus familias. No son justificables las deficiencias en su protección que padecen muchas de nuestras instalaciones. Si tiene que morir otro guardia civil, que no sea por falta de inversión presupuestaria. Y si de algún sitio hay que recortar, hágase en los sueldos, dietas y demás prebendas de los altos cargos de las administraciones, no a costa de mantener la situación tercermundista que sufrimos los guardias civiles.

Del mismo modo, ha de formularse una llamada de atención a los poderes del Estado a que reconsideren y endurezcan el tratamiento penal que se les aplica a los terroristas. Porque, aun con limitaciones, todavía pueden acogerse a beneficios penitenciarios, que obviamente, poco están haciendo por su reinserción y, por el contrario, sólo sirven para alentar sus esperanzas de un “final negociado” de ETA.

Por todo lo anterior, no puede hablarse de un escenario tranquilo. Al contrario, todo sigue en plena agitación, en plena polémica y con un grado de malestar e insatisfacción real y creciente; motivada porque los miembros de este Cuerpo policial al servicio de la sociedad, se sienten engañados por el Gobierno. Incluso es probable que la situación derive en nuevas protestas públicas. Volverán entonces las sanciones disciplinarias y nuevamente nos haremos la misma pregunta: qué estamos haciendo con nuestros guardias civiles.