El paro de la Unión Nacional de Educadores (UNE) se ha cumplido a medias en el país. En realidad, la causa es que no cuenta con apoyo ciudadano y, por lo que se ha visto en todo el país, tampoco con la aquiescencia mayoritaria de los profesores.
No tiene justificación el rechazo del gremio de los maestros a la evaluación docente. La modalidad adoptada por el Ministerio de Educación es un razonable primer paso para una práctica positiva y habitual en cualquier centro educativo: evaluar el desempeño de los profesores. Esta es una forma elemental de rendir cuentas a la comunidad educativa por parte de los principales responsables de los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje y, a la par, constituye un instrumento básico para orientar el mejoramiento profesional de los maestros y propender hacia una educación de calidad.
Es necesario terminar, de una vez por todas, el ritual al que, con cada inicio de año, la UNE ha sujetado de forma irresponsable a estudiantes, padres de familia y autoridades: paralizar las actividades de los centros educativos. No solo porque esos paros están prohibidos por las normas constitucionales y legales, sino porque perjudican a miles de estudiantes y sus familias y a la educación ecuatoriana.
Si se contabilizaran los días de pérdidas de clases por las huelgas de la UNE en los últimos seis años, con seguridad sumarían el tiempo de un año escolar: este es un daño inmenso en términos económicos y muchos más en los resultados de la enseñanza. Y un daño por el que los dirigentes del gremio deberían responder.
Es hora de un esfuerzo nacional por mejorar la calidad de la enseñanza y revalorizar la función docente, tan venidas a menos.
Ni los estudiantes, ni las autoridades, ni los padres de familia pueden seguir siendo manipulados por militantes del MPD, que tanto daño han hecho a la educación pública ecuatoriana, en la universidad y en escuelas y colegios.
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