Desde Madrid. 38.000 años de prisión y el descubrimiento de la verdad

Sigue siendo primera página de los medios de comunicación. El terrorismo en España es hoy el protagonista de la vida política, en sus dos versiones: el importado, por el juicio contra los terroristas islámicos, autores del terrible atentado de Atocha, y el nacional, el de ETA, que tiene en jaque a la democracia, es la zorra metida en el gallinero del Gobierno y es el principal ariete de la oposición del PP.

Las imágenes del juicio llevan un mes abriendo los informativos de todas las televisiones: en la gran sala, en un cubículo con un cristal de cinco centímetros de grosor, se sientan los imputados: los terroristas islámicos y un ex minero español, acusado de haberles vendido los explosivos. Fuera del recinto acristalado, puede verse a algunas de las víctimas supervivientes, a representantes de las familias de los que murieron, a los periodistas, a los abogados y fiscales y un juez tan justo como implacable, sensible con las víctimas, pero firme e intransigente, cuando se trata de garantizar escrupulosamente las normas procesales.

No era fácil ser juez de este proceso que, además de juzgar los crimines cometidos el 11-M, tenía que desmontar –o, en su caso, aclarar- toda una teoría, defendida por el PP y algunos poderosos medios de comunicación, según la cual ETA había sido la principal responsable de la matanza de Atocha. Durante tres años, los españoles hemos asistido atónitos a todo un despliegue de falsos datos sobre la supuesta conspiración del Partido Socialista para llegar al poder. Esas falsedades les sirvieron también para ocultar los graves fallos de seguridad cometidos por el Gobierno del PP: descoordinación de las fuerzas de seguridad antiterroristas, infravaloración del peligro del terrorismo islámico y, en definitiva, falta de previsión ante las consecuencias del apoyo activo de Aznar a Bush.

Pues bien, el esfuerzo de tres años de elaboración de patrañas, se empezó a venir abajo en la primera semana de juicio. Primero fueron los explosivos: no había ni rastro de los productos que habitualmente utiliza ETA, según el tajante informe de ocho peritos. Luego fue la furgoneta que utilizaron los terroristas: la policía encontró en ella suficientes pruebas como para saber fehacientemente que se había utilizado en el atentado. Más tarde, fueron los supuestos informes que implicaban a ETA: el juez exigió que se desclasificaran todos los “papeles secretos” y se comprobó que ni uno solo, ni los de la policía, ni los del Centro de Inteligencia Militar, hacían referencia a los etarras.

Faltan tres meses para que finalice el juicio más importante quizá de la democracia española, después del que juzgó y condenó a los  militares golpistas del 23-F de 1981. La Fiscalía ha pedido más de 38.000 años de cárcel para los autores materiales de los asesinatos de Atocha y se ha demostrado ya que los españoles no erraron cuando castigaron al PP en las urnas por mentir, sin pudor y sin escrúpulos, para tratar de ganar las elecciones.

No hemos necesitado un Guantánamo para descubrir la verdad. Con el Estado de Derecho y el desarrollo escrupuloso de un juicio que durará cuatro meses, está siendo suficiente para castigar a los terroristas islámicos y esclarecer los hechos. Lo del terrorismo interior es otra historia pero, tras el juicio, esperemos que el PP, derrotado en sus tesis, haga un acto de contrición como buenos católicos, vuelva a la moderación y apoye, por fin, la política antiterrorista del Gobierno.

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* Manuel Guedán, es profesor de la Universidad de Alcalá